A penas hace tres años, recordábamos aquí el grave impacto que tienen las capturas accidentales sobre algunas poblaciones de aves marinas, hasta el punto de conducir a especies como la pardela balear al borde de la extinción. Y también recordábamos los escasos avances que se habían hecho para abordar un problema que también afecta negativamente al sector pesquero.
Desde entonces cabe reconocer que este riesgo, extensible a otros grandes vertebrados marinos como cetáceos, tortugas y algunas especies de tiburones y rayas, ha ganado mayor atención en la acción legislativa, pero seguimos avanzando mucho más rápido sobre el papel que sobre el terreno, y corremos el riesgo de que las crecientes presiones internacionales para regular la actividad conduzcan a implementar precipitadamente medidas mal entendidas y con toda probabilidad ineficaces. Un ejemplo es la orden ministerial dirigida a minimizar la captura accidental de cetáceos en el golfo de Vizcaya, aprobada a finales de 2020, con prisas, para dar respuesta a un proceso de infracción abierto por la Comisión Europea a España y Francia por las elevadas muertes de delfines en la región. Ante la falta de datos que permitan identificar adecuadamente el problema, o a qué segmento de la flota afecta, la orden aplica medidas a un amplio abanico de embarcaciones en toda la región. Más aún, la falta de atención previa a las capturas accidentales hace que se legislen medidas de mitigación cuya eficacia no está bien probada, como son los dispositivos acústicos de disuasión

IMPLICACIÓN ACTIVA DEL SECTOR

En los próximos años las perspectivas de nuevas regulaciones en relación con las capturas accidentales son crecientes. Precisamente acaba de aprobarse un plan de acción nacional para reducirlas, a la vez que el avance de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 contemplan incluir medidas a este respecto. Pero no pasamos del papel, y seguimos sin atender adecuadamente el problema en el mar, con los pescadores, donde la información que se recoge es aún insuficiente (pese a existir un programa de seguimiento de las estrategias marinas con esta finalidad), y las posibles soluciones en su mayoría aún requieren de pruebas.
Es esencial que el sector pesquero se empodere y demuestre que está dispuesto a hacer frente a un problema que también le afecta negativamente, y que dudosamente llegará a buen puerto sin su implicación. De poco servirán las regulaciones si el sector no las hace suyas, y debemos apostar por un cambio de mentalidad en ese sentido.
Las oportunidades para que el sector se implique deben ser reales, no vale con celebrar eventos divulgativos abiertos al sector y hacerlos pasar por procesos participativos, ya que en esencia son informativos. Y el propio sector debe ser el primero en exigirlas.
Aun así, hay que reconocer avances, como el proyecto Life IP Intemares, que explora nuevos modelos de gobernanza en los que todos podamos implicarnos. O, ya sobre el terreno, el modelo de cogestión implementado por la administración pesquera catalana para abordar algunas pesquerías, con la creación de comités formados por pescadores, técnicos de la administración, científicos y representantes de ONG, que se reúnen regularmente y toman decisiones consensuadas, basadas en datos bien recogidos y que permiten realizar una gestión adaptativa.

Pep Arcos, coordinador del programa marino (Seo/Birdlife)

MEDIDAS A LA CARTA

SEO/BirdLife, en los últimos años, promueve un enfoque similar en el caso de las capturas accidentales de aves, centrando la atención en la flota de artes menores, más difícil de abordar por el elevado número de barcas implicadas y la gran variedad de modalidades de pesca existentes. Con el apoyo de fondos FEMP a través del Programa Pleamar, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hemos trabajado estrechamente con pescadores del Mediterráneo y, más recientemente, también Galicia, para estudiar estas capturas y adaptar y poner a prueba medidas de mitigación que sean eficaces y fáciles de implementar. Con una flota tan diversificada es difícil encontrar soluciones únicas, por lo que la idea es elaborar un abanico de medidas que permita a los pescadores usar las más adecuadas a cada situación. De hecho, la percepción es que el número de aves capturadas va a menos cada año, por el simple hecho de que los pescadores que colaboran en estos proyectos cada vez son más conscientes de la situación y aprenden formas para minimizarlas. Por ahora son más de 50 barcas las que han colaborado estrechamente en el Mediterráneo, y ya van cerca de 20 en Galicia, además de un número mucho mayor de pescadores a los que se les han realizado encuestas, repartido materiales informativos y formativos, o que han participado en eventos. El número es pequeño, aunque va creciendo y, lo más importante, los pescadores se sienten realmente implicados. Hay que abordar nuevas fórmulas de gobernanza, pero lo esencial es que el sector haga suyo el reto y, con el apoyo de todos, demuestre a la sociedad que el giro de la actividad pesquera hacia la sostenibilidad es real, y no depende de papel mojado.