El sector pesquero europeo es blanco habitual de campañas insistentes en criminalizar una actividad ancestral y desarrollada, como tantas otras, con un fin primordial: alimentarnos.

El aumento continuo de la población mundial exige un crecimiento acorde del sistema alimentario, pero sin eludir la sostenibilidad del planeta. Y en este difícil equilibrio la pesca sostenible, practicada por la inmensa mayoría de la flota pesquera mundial, juega un papel fundamental para proveer el alimento con menor huella de carbono en su producción y una fuente de una proteína animal silvestre con una aportación inmejorable para la salud.

Partiendo de estos hechos, como consumidores, cabría preguntarnos: ¿por qué nos quieren hacer comer alimentos ultra procesados, con colorantes, saborizantes y aditivos químicos, es decir artificiales, comestibles, pero artificiales? Estoy hablando de alimentos producidos con vegetales, provenientes de nuestra querida tierra firme, cada vez más presionada por nuestra actividad. 

Los promotores de la “solución vegana” ante la problemática de la alimentación mundial se rodean de ciertos preceptos, diría dogmas, que condenan el sufrimiento animal y que justifican con ciertas ventajas para la salud humana y del planeta, pero de dudosa credibilidad nutricional. Pero en este contexto, en el que nadie lee más de un párrafo, y aquí agradezco al lector que haya llegado hasta el tercero, las modas y noticias falsas se diseminan imparablemente, y como tantos otros mantras ecologistas, se transforman en “verdades sociales” que llegan hasta la política y, por tanto, a las decisiones que afectan a todos.

Es en este momento, en el que esas decisiones políticas, principalmente tomadas en la Unión Europea -institución en la que se escudan los estados miembros, a modo de chivo expiatorio-, están penalizando la producción primaria de la UE, tanto la agrícola como la pesquera, las dos únicas políticas comunitarias comunes. 

En el caso de la pesca, es flagrante que nuestra actividad se vaya restringiendo con una normativa más represiva, mientras se permiten las importaciones al mercado comunitario de productos pesqueros sin dichas restricciones en origen. Esto provoca que el 70% del consumo de productos pesqueros en la UE se sustente en estas importaciones. Una producción a la que el control más eficaz que se aplica es el sanitario, sin que se exijan criterios de sostenibilidad, medioambiental y social, y siendo numerosos los casos en los que es imposible conocer cómo y quién lo ha pescado. 

Con ello, la UE hace un ejercicio de hipocresía absoluto, imponiendo a sus pescadores una reglamentación que, en ciertos casos, es imposible cumplir, empujándolos al precipicio de la ilegalidad, mientras que los competidores de la flota europea no están obligados a cumplir prohibiciones básicas que la comunitaria afronta desde hace décadas en su propio mercado.
Por ello, la pesca va a seguir siendo una fuente de proteína animal fundamental para la humanidad, pero seguramente no podamos alimentarnos de los productos pesqueros capturados por la flota comunitaria porque la UE sigue diseñando una política común de espaldas al pescador y guiada por preceptos ecologistas anti-pesca. Es decir, el final de la pesca europea ya está trazado a no ser que la Comisión Europea resultante de las elecciones de 2024 dé un giro de 180 grados. 

En este sentido, necesitamos una Comisaría de Seguridad Alimentaria, cuyo titular disponga de capacidad para asimilar las decisiones de otras carteras, fundamentalmente medioambiente y energía, que afecten al diseño de una política alimentaria europea. Una política que consiga que las dos únicas políticas comunes de la UE, la pesquera y la agrícola, se unan y nos permita comer productos de mejor calidad producidos por nuestros agricultores y pescadores. Sólo así podrá garantizarse nuestra soberanía alimentaria, que tras las crisis mundiales recientes está cada vez más comprometida. 

No obstante, si no logramos esta reflexión de los políticos nacionales, países como el nuestro, agrícola y pesquero por antonomasia dentro de la UE, verán muy difícil elevarla a la esfera comunitaria.  De este modo, será posible afrontar el futuro de la pesca europea en un contexto de prioridad política y no como una cuestión menor, a consecuencia de designar comisarios de países con poco peso político en la UE, buena muestra del valor insignificante que damos a este sector fundamental. 

De no ser así, reitero mi afirmación inicial: los consumidores europeos consumiremos productos pesqueros provenientes de terceros países y no de la flota europea. 

JULIO MORÓN, director gerente de OPAGAC