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El sector pesquero español se muestra decepcionado tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la UE desestimando el recurso de España y la OPP del puerto de Burela contra el Reglamento 2022/1614 de la Comisión que prohíbe la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Nororiental.
Con impaciencia se esperaba la llegada del 11 de junio para conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el recurso presentado por España y los pescadores al Reglamento 2020/1614 de la Comisión que prohíbe la pesca de arrastre en determinadas zonas protegidas. La sentencia subraya que la designación de estas áreas se basa en la presencia, verificada o posible, de especies amenazadas por los “efectos adversos de las artes de fondo”.
La decisión judicial establece que no se demuestra que la Comisión se excediera en su margen de apreciación al determinar las zonas EMV (Ecosistemas Marinos Vulnerables) donde veta la pesca, ni que la metodología del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) utilizada sea inadecuada para proteger las especies o que otro método hubiese sido más eficaz para designar las áreas protegidas.
El Tribunal también desestima las alegaciones sobre la ilegalidad del acto para adoptar el Reglamento impugnado al considerar que no concede atribuciones especiales a la Comisión, no infringe las normas de la Política Pesquera Común y tampoco transgrede el principio de vulnerabilidad. Además, insiste en que la prohibición de pescar sólo se aplica a una profundidad igual o superior a 400 metros y que ni España ni los pescadores demandantes han demostrado que el arrastre no suponga riesgos para los EMV.
DECEPCIÓN
El gerente de la Organización de Productores de Burela, Sergio López, califica de “injusta e ilógica” la decisión del TJUE pues supone “un importante golpe” para los palangreros gallegos y arriesga la “viabilidad” del sector, abocándolo a la “desaparición”. Defiende que el palangre es un arte “selectivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, al no impactar en los fondos marinos, y pide a las administraciones “trabajar conjuntamente y con el sector en busca de soluciones de futuro”.
Según los pescadores, “el camino escogido puede rectificarse”. Por eso animan al comisario de Pesca, Costas Kadis, a reflexionar sobre el fallo y a revisar el Reglamento de Acceso a Aguas Profundas. Arrastrero pescando merluza.
La Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), presidida por el español Iván López y que representa a 20.000 pescadores de 7.000 barcos de 14 países europeos, ha criticado la sentencia porque no evalúa la fragilidad de los ecosistemas según el arte de pesca, ni valora las consecuencias que el veto tiene para la actividad pesquera y la economía de las familias. Tan solo en Burela, las capturas anuales de los palangreros se han reducido más del 30% desde octubre de 2022, cuando entró en vigor el Reglamento comunitario.
Los pescadores también lamentan que no se les haya incluido en la búsqueda de soluciones para alcanzar los objetivos de conservación planteados.
Javier Garat, secretario general de Cepesca, considera que “debemos respetar las decisiones de los tribunales, pero estamos analizando y valorando qué opciones legales tenemos para tratar de revertir las consecuencias que una normativa demasiado estricta y desproporcionada está teniendo en el sector”.
En parecidos términos, la nueva conselleira do mar de Galicia, Marta Villaverde, ha reiterado el apoyo de la Xunta a sus pescadores, asegurando que los servicios jurídicos autonómicos están analizando la sentencia para ver si pueden recurrirla. A su juicio, la resolución “compleja y extensa” pone de manifiesto “la necesidad de cambiar las políticas pesqueras comunitarias para garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.
ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS
Para las organizaciones medioambientalistas, el fallo envía un mensaje claro de que el Reglamento de Pesca de Aguas Profundas es “adecuado y debe aplicarse plenamente”. Sandrine Polti, responsable de la Coalición para la Conservación de Aguas Profundas (DSCC) en Europa, asegura que la sentencia “reafirma que la protección de las aguas profundas de la UE debe basarse en el derecho vigente y en pruebas científicas, no en intereses industriales a corto plazo”. Según DSCC, las evidencias científicas demuestran que el arrastre y el palangre de fondo pueden dañar los ecosistemas marinos profundos.
