La Asamblea General de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), celebrada el 25 de junio en Madrid, coincidió con el Día Internacional del Marino y situó a las tripulaciones en el centro del debate. La presencia de Elena Martínez Carqués, directora del Instituto Social de la Marina (ISM), reforzó esa dimensión laboral y social, junto a Benito Núñez, secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, y Ana Núñez, directora general de la Marina Mercante.

Vicente Boluda Fos, presidente de ANAVE, abrió su intervención con un reconocimiento a las tripulaciones. “El transporte marítimo -recordó- suele ser invisible cuando todo funciona: cuando una línea mantiene su frecuencia, una isla recibe suministros o una fábrica cuenta con la materia prima que necesita. Solo cuando esa normalidad se rompe, el buque aparece en primer plano”.

La crisis de Ormuz marcó buena parte del discurso. Desde finales de febrero, una de las rutas energéticas más sensibles sufre restricciones, amenazas, ataques, interferencias de navegación y apresamientos. Para ANAVE, el problema no se reduce a fletes, desvíos o seguros más caros. En primer lugar, están las personas embarcadas y sus familias, que viven desde tierra situaciones de incertidumbre y riesgo. “La seguridad de las tripulaciones debe estar por delante de cualquier otra consideración”, señaló Boluda, antes de reclamar acompañamiento institucional, coordinación entre la Administración marítima y la acción diplomática e información actualizada.

Esa misma crisis ha tenido un fuerte impacto económico. Los combustibles marinos, que en muchos servicios rondan la mitad del coste de explotación, han sufrido subidas excepcionales. ANAVE valoró los Reales Decretos-leyes 7/2026, de 20 de marzo y 9/2026, de 14 de abril, que reconocen los servicios marítimos regulares insulares y la carga pura esencial para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y pidió que estas ayudas se mantengan mientras persistan los efectos de la crisis.
 

INGRESOS ETS PARA EL SECTOR

La segunda gran cuestión fue la descarbonización. Ante la revisión del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS), Boluda defendió que España llegue al debate con una posición clara: los ingresos del ETS marítimo deben volver al propio transporte marítimo. Según ANAVE, las navieras sujetas a la Administración española entregaron más de cinco millones de derechos de emisión, valorados en unos 380 millones de euros. Las previsiones apuntan a más de 700 millones en 2026 y más de 5.000 millones acumulados hasta 2030, frente a los 250 millones previstos por el Plan Nacional de Descarbonización del Transporte Marítimo para 2026-2030.

Para el sector, esos recursos deben servir para renovar buques, adaptar unidades en servicio, mejorar la eficiencia energética, desplegar OPS, apoyar combustibles renovables y abaratar alternativas bajas en emisiones. ANAVE también pide ampliar las exenciones para islas y regiones ultraperiféricas, evitar que el ETS empuje carga del mar a la carretera y preparar la convergencia con un futuro marco global de la Organización Marítima Internacional. “El transporte marítimo necesita reglas globales”, resumió Boluda.

Benito Núñez, secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, coincidió en la conveniencia de avanzar hacia soluciones internacionales y en que el esfuerzo económico del sector retorne al propio transporte marítimo. También anunció la consulta pública para crear el Comité Asesor Marítimo (COMMAR), órgano de gobernanza de la Estrategia Marítima de España 2025-2050.

ANAVE valora esa Estrategia como una oportunidad, siempre que pase del diagnóstico a medidas concretas, con calendario, presupuesto y seguimiento. Entre las prioridades situó la competitividad de la marina mercante española y la situación del Registro Especial de Canarias. A 1 de enero de 2026, la flota controlada por navieras españolas sumaba 202 buques y 4,8 millones de GT, pero el tonelaje bajo pabellón nacional cayó por debajo de los dos millones de GT por primera vez en más de dos décadas.

La formación cerró el capítulo de demandas. En la última convocatoria de ayudas al embarque participaron 107 buques, se realizaron 677 embarques y se superaron los 90.000 días de formación a bordo, aunque la ayuda efectiva quedó en unos 315 euros por alumno y mes. Para Boluda, proteger a los marinos exige seguridad, formación y respeto profesional. Y, para las empresas que hacen posible ese servicio, reglas estables, apoyo suficiente y una Administración ágil. 

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