Tras más de 15 años de negociaciones, por fin se ha aprobado el Tratado de Naciones Unidas sobre la Conservación y el Uso sostenible de la diversidad biológica en alta mar (BBNJ, por sus siglas en inglés) que se había retrasado por discrepancias en los derechos de pesca. El nuevo documento pretende regular las actividades marítimas y garantizar la protección de la biodiversidad en los océanos, más allá de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de cada país. El Acuerdo BBNJ marca la culminación de casi dos décadas de trabajo y se basa en el legado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El compromiso adoptado por los Estados miembros de la ONU establece que el 30% del alta mar sea declarado área protegida a gran escala para el año 2030. También exige una evaluación del impacto de las actividades económicas en la biodiversidad.

Aunque los países han llegado a una resolución oficial, aún falta que el Tratado sea adoptado en una nueva sesión de la BBNJ (Biodiversidad más allá de las fronteras nacionales) y que lo ratifiquen posteriormente al menos 60 Estados de la ONU para su entrada en vigor. La adopción formal tendrá lugar una vez completada la traducción jurídica que garantice la uniformidad de términos en todas las lenguas oficiales de Naciones Unidas. 

Es esta la razón por la que aún tardará algún tiempo en ser vigente, ya que los países tienen que adoptarlo primero legalmente y después crear los órganos institucionales, como comités científicos y técnicos que se encarguen de vigilar su cumplimiento. 

VALORACIONES

Europêche, la organización que agrupa a los pescadores europeos y a la que pertenece la Confederación Española de Pesca (Cepesca), ha celebrado la llegada de este acuerdo mundial. Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, asegura que “es exactamente lo que hemos estado defendiendo y creo que tiene mucho sentido. La pesca es la actividad más regulada en alta mar y buen ejemplo de cómo se pueden gestionar y proteger los ecosistemas marinos. La información que reportan nuestros pescadores ofrece datos sólidos sobre el estado de los ecosistemas. Ninguna otra actividad opera bajo un marco tan transparente y efectivo como el nuestro”.

El sector pesquero europeo cree que el compromiso de los países desempeñará un gran papel en la protección y el uso sostenible de zonas marinas que no están suficientemente reguladas en la actualidad, respetando y aprovechando el éxito de la gestión pesquera.
Con este pacto se aclaran cuáles son las competencias administrativas de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) ya que el texto define su papel para garantizar la conservación y el uso sostenible de los océanos mediante herramientas de gestión en distintas zonas geográficas y basadas en el alcance de las evaluaciones de impacto ambiental, que se fortalecerán en el proceso de implementación.

En este sentido, el sector valora positivamente el reconocimiento a la labor que desde hace tiempo realizan las OROP en materia de gestión pesquera y protección ambiental. Por lo cual, las disposiciones del Acuerdo no pueden menoscabar su alcance y mandato y deben respetar sus competencias. Así mismo, las reglamentaciones sobre recursos genéticos marinos no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional pertinente.