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Tribuna
Borrasca en el Atlántico
01/09/2024
Más Mar
Opinión
Julio Morón

Los atuneros españoles llevamos meses avisando y tratando de evitar la situación crítica a la que se enfrenta la flota europea de atún tropical. Como no hay nada mejor que predicar con el ejemplo, sirva el que detallo a continuación, creo que extensible a todo el sector primario europeo, para evidenciar cómo el exceso regulatorio, unido a la competencia desleal, está provocando una profunda borrasca en alta mar.
La CICAA, organismo encargado de regular la captura de atún del Océano Atlántico, estableció en 2017 una medida de gestión para el patudo y, por extensión, para las otras dos especies de túnidos tropicales (rabil y listado), que implicó una veda de dos meses a la pesca de cerco más el establecimiento de una cuota para la primera especie mencionada. Todo ello supuso una reducción de la asignación a la Unión Europea, que como siempre, en mi opinión debido a un sentido de culpa poscolonial, salió más perjudicada que el resto de las flotas.
Pues bien, en 2020, la situación empeoró al aumentar la veda a tres meses y reducir en un 21% más la cuota ya recortada en 2017. Además, en medio de estas decisiones tan drásticas, en Senegal se abanderaron siete cerqueros coreanos excedentes del Pacífico Occidental que, junto con los 12 cerqueros abanderados en Ghana por armadores chinos y también coreanos, suponen casi una veintena de atuneros adicionales que, por la laxitud de sus gobiernos, no cumplen las cuotas ni las vedas establecidas. Por último, en 2021, la veda se recortó a 72 días y se mantuvo la misma limitación de captura.
Durante este periplo, la flota europea, a través de los sistemas de control de los estados miembros concernidos (España y Francia), ha venido cumpliendo, como es habitual, con las vedas establecidas y vigiladas por un observador a bordo, así como con las cuotas asignadas, siguiendo el sistema de documentación de capturas impuesto en la UE desde hace años para una gestión racional de las pesquerías. Hasta aquí, asistimos, por tanto, a la aplicación lógica de una medida de gestión para intentar preservar los recursos de los que depende nuestra actividad pesquera.
Pero justo cuando estas restricciones se están adoptando en el contexto internacional (2017/18), los armadores coreanos aumentaron, como mencionaba, la flota de cerco de Senegal, que “milagrosamente” mantuvo sus declaraciones de capturas de patudo por debajo del límite. Asimismo, los armadores de este mismo país y de China, que operan desde Ghana, han aumentado progresivamente sus capturas hasta llegar casi a duplicar en 2022 su pesca de 2016. Para colmo, ambos países tienen tratado de libre comercio con la UE y sus productos de atún entran libres de aranceles al mercado comunitario, sin que nadie les haga rendir cuentas por su gestión irresponsable en el entorno de la CICAA.
En este contexto, la pregunta es evidente: ¿cómo es posible competir en este marco de desequilibrio y de desprotección? El resultado es evidente y no es otro que una flota europea asfixiada por las regulaciones y el control, unido a los altos costes operativos que supone pescar con los estándares que exige la UE; es decir, una flota en vías de extinción en estos caladeros tradicionales en un océano en el que somos estado costero y en el que llevamos operando desde la década de los 60 del siglo pasado. Además de la destrucción de un vínculo con un continente, el africano, que nos ha permitido generar riqueza en los puertos de Dakar y Abidjan y empleo digno y seguro a bordo de nuestros buques para más de tres generaciones de marineros africanos; una riqueza de la que ahora otros se aprovechan.
En definitiva, estamos ante una situación que nos genera una honda tristeza y dibuja un futuro incierto para una flota que, como se está demostrando, no está entre las prioridades de la UE, ya que es perfectamente sacrificable frente a otras prioridades. Porque en nuestro lugar llegan otros operadores con estándares de menor calidad, pero con todas las puertas del comercio de la UE abiertas y esto parece no importar a nuestros dirigentes comunitarios. De ahí el tan compresible levantamiento del sector primario europeo; porque si seguimos por este camino, este panorama va a replicarse en muchos otros sectores.
JULIO MORÓN, director gerente de OPAGAC
La CICAA, organismo encargado de regular la captura de atún del Océano Atlántico, estableció en 2017 una medida de gestión para el patudo y, por extensión, para las otras dos especies de túnidos tropicales (rabil y listado), que implicó una veda de dos meses a la pesca de cerco más el establecimiento de una cuota para la primera especie mencionada. Todo ello supuso una reducción de la asignación a la Unión Europea, que como siempre, en mi opinión debido a un sentido de culpa poscolonial, salió más perjudicada que el resto de las flotas.
Pues bien, en 2020, la situación empeoró al aumentar la veda a tres meses y reducir en un 21% más la cuota ya recortada en 2017. Además, en medio de estas decisiones tan drásticas, en Senegal se abanderaron siete cerqueros coreanos excedentes del Pacífico Occidental que, junto con los 12 cerqueros abanderados en Ghana por armadores chinos y también coreanos, suponen casi una veintena de atuneros adicionales que, por la laxitud de sus gobiernos, no cumplen las cuotas ni las vedas establecidas. Por último, en 2021, la veda se recortó a 72 días y se mantuvo la misma limitación de captura.
Durante este periplo, la flota europea, a través de los sistemas de control de los estados miembros concernidos (España y Francia), ha venido cumpliendo, como es habitual, con las vedas establecidas y vigiladas por un observador a bordo, así como con las cuotas asignadas, siguiendo el sistema de documentación de capturas impuesto en la UE desde hace años para una gestión racional de las pesquerías. Hasta aquí, asistimos, por tanto, a la aplicación lógica de una medida de gestión para intentar preservar los recursos de los que depende nuestra actividad pesquera.
Pero justo cuando estas restricciones se están adoptando en el contexto internacional (2017/18), los armadores coreanos aumentaron, como mencionaba, la flota de cerco de Senegal, que “milagrosamente” mantuvo sus declaraciones de capturas de patudo por debajo del límite. Asimismo, los armadores de este mismo país y de China, que operan desde Ghana, han aumentado progresivamente sus capturas hasta llegar casi a duplicar en 2022 su pesca de 2016. Para colmo, ambos países tienen tratado de libre comercio con la UE y sus productos de atún entran libres de aranceles al mercado comunitario, sin que nadie les haga rendir cuentas por su gestión irresponsable en el entorno de la CICAA.
En este contexto, la pregunta es evidente: ¿cómo es posible competir en este marco de desequilibrio y de desprotección? El resultado es evidente y no es otro que una flota europea asfixiada por las regulaciones y el control, unido a los altos costes operativos que supone pescar con los estándares que exige la UE; es decir, una flota en vías de extinción en estos caladeros tradicionales en un océano en el que somos estado costero y en el que llevamos operando desde la década de los 60 del siglo pasado. Además de la destrucción de un vínculo con un continente, el africano, que nos ha permitido generar riqueza en los puertos de Dakar y Abidjan y empleo digno y seguro a bordo de nuestros buques para más de tres generaciones de marineros africanos; una riqueza de la que ahora otros se aprovechan.
En definitiva, estamos ante una situación que nos genera una honda tristeza y dibuja un futuro incierto para una flota que, como se está demostrando, no está entre las prioridades de la UE, ya que es perfectamente sacrificable frente a otras prioridades. Porque en nuestro lugar llegan otros operadores con estándares de menor calidad, pero con todas las puertas del comercio de la UE abiertas y esto parece no importar a nuestros dirigentes comunitarios. De ahí el tan compresible levantamiento del sector primario europeo; porque si seguimos por este camino, este panorama va a replicarse en muchos otros sectores.
JULIO MORÓN, director gerente de OPAGAC
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