En abril, el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar por sus siglas en inglés) publicó su esperado informe que servirá de base a la Comisión Europea para seguir adelante, o modificar, su Plan de Acción para erradicar progresivamente la pesca de fondo de las zonas marinas vulnerables. En pocas palabras, el informe propone un aumento de los polígonos protegidos, pese a reconocer el uso de datos incompletos, para mayor disgusto de los pescadores europeos.

En su informe, el ICES recomienda mantener el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico oriental, vigente desde octubre de 2022, al considerar que actualmente existen ecosistemas vulnerables y que una vez determinada la prohibición de las actividades pesqueras, la medida debe mantenerse hasta que haya evidencias científicas de la recuperación de las especies en riesgo.

Desde octubre, se impide pescar a más de 400 metros de profundidad en esas 87 zonas, divididas a su vez en polígonos, lo que afecta directamente a 59 barcos españoles dedicados al palangre de fondo, volanta y enmalle, cuya especie objetivo es la merluza de pincho. Precisamente, los buques arrastreros, que es el arte que Bruselas pretende erradicar, pueden faenar por encima de esa profundidad también en esas 87 zonas, tras las alegaciones presentadas en su día por España.

El ICES reconoce que, en su anterior informe, que dio pie a la prohibición, los datos empleados eran incompletos (solo se analizó el impacto de la flota de arrastre en determinadas zonas entre 2009 y 2011 pero el veto es para toda la flota de fondo), tal y como en su día denunció España. También reconoce que las artes con redes estáticas tienen menor impacto en los fondos que las de arrastre, lo que podría suponer que la Comisión saque de la lista al palangre y enmalle y que eso se traduzca en una reducción del número de barcos afectados por la prohibición.

El nuevo dictamen presenta una paradoja, ya que por un lado propone aumentar de 87 hasta 115 el número de áreas protegidas, pero a la vez reducir la superficie de los polígonos. Este nuevo escenario para España podría suponer que, el veto en aguas peninsulares aumentara hasta un 62%, con nuevos caladeros prohibidos, que podría afectar también a las flotas de bajura. En Gran Sol, el aumento de las zonas vetadas sería de entre el 15% y el 17%.

Antes de tomar una decisión definitiva, la Comisión deberá encargar un examen socioeconómico sobre el impacto de la medida, que no se espera antes finales de 2023. 
También se sigue a la espera de saber si el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal de Justicia Europeo, contra esta medida, al final sale adelante.

PLAN DE ACCIÓN
Durante la inauguración de la II Mesa de la Ciencia Pesquera, que se celebró el pasado 12 de abril en Vigo, la secretaria de Pesca Isabel Artime se mostró firme al defender que el Plan de Acción propuesto por la Comisión Europea en febrero, que prevé la desaparición paulatina de la pesca de arrastre, es tan solo una propuesta sin vinculación jurídica directa, una propuesta que todavía tiene que ser debatida. 

Artime aseguró que los estados miembros dejaron claro que es necesario que la Comisión presente estudios biológicos y de impacto socioeconómico antes de poner en marcha el citado plan.