El Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio acogió los días 26 y 27 de junio el seminario “Reestructuraciones, mantenimiento del empleo de personas mayores y medidas de Seguridad Social”. El evento, organizado con el apoyo del ISM, permitió disfrutar de un entorno propicio para el intercambio académico. El seminario reunió a especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de nueve universidades de España, Italia, Francia y Reino Unido, junto con juristas de reconocido prestigio.

El encuentro supuso una puesta en común de los avances de los grupos de investigación de dos proyectos de las universidades de Vigo y Sevilla. En la inauguración, Covadonga Jiménez, subdirectora de Seguridad Social del ISM, presentó la entidad y sus competencias en la materia y los investigadores principales expusieron resultados previos de la investigación desarrollada. Las sesiones posteriores incluyeron ponencias temáticas y mesas redondas, para abordar retos prioritarios en materia de empleo, reestructuraciones empresariales y protección social, con especial atención al colectivo de personas de mayor edad. El coloquio paralelo suscitó propuestas y soluciones a los desafíos abordados. Las ponencias y comunicaciones serán publicadas en obras científicas colectivas, con el fin de contribuir al desarrollo de políticas laborales más inclusivas y sostenibles.

La compatibilidad entre trabajo y protección social debe tender hacia un equilibrio sostenible. El proyecto de la Universidade de Vigo, centrado en la “Adaptación y mantenimiento del empleo en el nuevo ecosistema productivo”, abordó la compleja relación entre trabajo y protección social, clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y unas relaciones laborales justas.

FOMENTAR EL EMPLEO
La dicotomía entre trabajo y protección social ha dificultado tradicionalmente que las personas beneficiarias de prestaciones sociales pudiesen incorporarse al mercado laboral sin perder sus derechos, generando, a veces, empleo no declarado. Para que la protección social cumpla su función de bienestar, debe ir acompañada de políticas que fomenten la empleabilidad. El empleo estable y de calidad garantiza ingresos suficientes y contribuciones que permiten sostener el sistema.

Los colectivos prioritarios para las políticas activas de empleo, como personas en situación de desempleo, con discapacidad o de mayor edad, centraron la atención del seminario. Se analizaron con espíritu crítico reformas recientes que, en un contexto de transiciones y envejecimiento poblacional, buscan compatibilizar, al menos parcialmente, empleo y prestaciones. En concreto, pros y contras de la compatibilidad entre actividad laboral y desempleo, trabajo e incapacidad e instituciones como la jubilación activa o flexible, la jubilación parcial y el contrato de relevo o la jubilación demorada. 

Las medidas, alineadas en gran parte con el Pilar Europeo de Derechos Sociales pueden facilitar, si están bien diseñadas, la entrada, permanencia o retorno al mercado laboral de colectivos vulnerables, evitar discriminaciones y promover un modelo más inclusivo, flexible y adaptado a la realidad y al ecosistema productivo del siglo XXI.

El “complemento de apoyo al empleo” permite compatibilizar prestaciones y subsidios de desempleo de cuantía fija con trabajo por cuenta ajena, disminuyendo su importe a medida que se reduce la jornada de trabajo y consumiendo prestación. Sustituye a la limitada compatibilidad del sistema anterior para facilitar la reincorporación laboral sin penalización económica, con una duración máxima de 180 días e importantes restricciones y retos en su aplicación.

La relación entre empleo y prestaciones por incapacidad requiere revisar los conceptos de enfermedad, discapacidad y discriminación. En el caso de la incapacidad temporal, el aumento del absentismo ha impulsado propuestas como las “bajas flexibles” y “altas progresivas”, no exentas de críticas, que permiten una reincorporación gradual al trabajo, evitando transiciones bruscas. En cuanto a la incapacidad permanente, se analiza el derecho de la persona trabajadora a mantener su empleo y la obligación empresarial de realizar ajustes razonables o facilitar la movilidad funcional antes de extinguir el contrato. La reforma legal presenta algunas incoherencias en este ámbito.

El envejecimiento poblacional requiere especial atención en el mercado laboral al colectivo de personas mayores, afectadas por barreras estructurales. Fomentar su empleo no solo mejora el sistema de pensiones, sino que también beneficia a las generaciones más jóvenes. Para ello, son necesarias políticas que valoren su experiencia y promuevan la prolongación de la vida laboral, incluso tras la jubilación.

El tránsito entre trabajo y jubilación debe, pues, contemplar modalidades como la jubilación demorada, parcial, flexible y activa. Aunque las reformas buscan favorecer la autonomía en la decisión del retiro, el objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, reduciendo el gasto y, en menor medida, aumentando los ingresos. Es necesario, con todo, evaluar los efectos de incentivar en exceso la permanencia laboral de las rentas más altas. En mayo de 2025, el 11,4 % de las jubilaciones han sido con edad demorada.
 

En clave de Derecho comparado, se examinó la evolución del pensionamento attivo en Italia, que permite compatibilizar pensión y trabajo, analizando su base constitucional y los cambios legislativos y restricciones vinculadas a factores socio-económicos. La normativa actual permite compatibilizar pensiones e ingresos laborales, salvo en jubilaciones anticipadas especiales, solo compatibles con ingresos ocasionales.

También se abordó la sucesión de empresas en Reino Unido, regulada antes del Brexit conforme a la Directiva europea y aplicable cuando la entidad mantiene su identidad tras la transmisión. Tras el Brexit, se prevén reformas para equilibrar flexibilidad empresarial y derechos laborales, incluyendo consultas en microempresas y aclaraciones sobre la distinción entre trabajadores y empleados. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La reestructuración empresarial y la negociación colectiva son los principales retos para la gestión de las transiciones.

En un mundo laboral en constante cambio, la reestructuración empresarial se ha convertido en una herramienta clave para afrontar los desafíos del siglo XXI. Desde el Reino Unido hasta Francia e Italia, distintos modelos muestran cómo combinar flexibilidad empresarial con protección social y diálogo social puede ser la vía elegida para preservar el empleo. El proyecto de la Universidad de Sevilla “La negociación colectiva como instrumento de gestión anticipada del cambio social, tecnológico, ecológico y empresarial” puso el foco en procesos como la sucesión de empresas, las modificaciones sustanciales de condiciones laborales y los expedientes de regulación de empleo (ERTE), tanto temporales como definitivos. 

En el contexto de la sucesión de empresa, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Somoza Hermo obliga a reinterpretar la normativa europea en relación con la subrogación en los contratos laborales. Debe tenerse en cuenta si la actividad sobre la que operan las previsiones del convenio colectivo es intensiva en mano de obra o depende de elementos materiales o inmateriales relevantes o si la transmisión comporta reducción de servicios, división de contratas o reorganización en lotes.

Otra vicisitud por la que pueden atravesar las relaciones laborales en procesos de reestructuración es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que permite adaptar estas a las circunstancias concretas que atraviese la empresa. Con todo, más allá de aspectos generales de los procedimientos de modificación sustancial e inaplicación de convenios, se destaca su posible afectación a las fuentes de las obligaciones laborales.

REESTRUCTURACIONES
Asimismo, se aborda el papel esencial de la consulta previa a los representantes de los trabajadores en procesos de reestructuración, ineludible en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y en el Mecanismo RED. Las consultas son clave en la preferencia actual por suspensiones temporales o reducciones de jornada frente a la consecuencia más lesiva de los despidos. Su omisión, además, puede invalidar el procedimiento y acarrear sanciones.

La Directiva europea sobre despidos colectivos regula las consecuencias, pero no previene la reestructuración. Se propone una nueva Directiva que anticipe los despidos por causas empresariales y un marco legal europeo para la reestructuración preventiva, con participación sindical, adaptado al contexto socioeconómico actual.

Finalmente, se analizó el papel de la negociación colectiva en las reestructuraciones empresariales en perspectiva comparada, en Francia e Italia. 
El derecho francés ofrece herramientas colectivas o unilaterales para reestructurar empresas, que evitan despidos mediante salidas voluntarias o promueven recolocaciones o ajustes de jornada. Algunas implican sacrificios para los trabajadores, como reducciones salariales, con el objetivo de preservar el empleo y adaptar la organización. En Italia, la negociación colectiva es clave en reestructuraciones empresariales para anticipar crisis, gestionar excedentes de personal y proteger el empleo. A través de la negociación sectorial y mecanismos como la Cassa Integrazione Guadagni, se articulan soluciones negociadas frente a reorganizaciones, transiciones y deslocalizaciones. 

Los sindicatos también influyen, con limitaciones, en decisiones empresariales de reconversión, en trámites de información y consultas a la representación de los trabajadores.

** Los proyectos presentados han sido auspiciados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y financiados con fondos FEDER/EU. Ambos proyectos, PID2021-124395OB-I00 y PID2021-122537NB-I00, pertenecen a la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 dentro del marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación.

Marta Fernández Prieto, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidade de Vigo

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