No todos los países cumplen con los requerimientos mínimos para que en sus buques pesqueros haya condiciones óptimas para los trabajadores a bordo. La organización Environmental Justice Foundation (EJF) lleva años investigando casos de abuso de los derechos humanos que sufren a diario trabajadores del mar en buques procedentes de Asia y donde, además, se cometen prácticas de Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

La organización internacional no gubernamental EJF, que defiende la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, ha dado a conocer, a través de diversos informes basados en denuncias anónimas de trabajadores, vídeos e imágenes, casos de violencia en buques procedentes de diferentes países a nivel internacional, al igual que se han denunciado actos de pesca ilegal.

Para garantizar el cumplimiento de normas básicas en el mar la comunidad internacional se ampara en el Convenio 188 (C188) sobre el trabajo en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las condiciones de trabajo en la industria pesquera y ha supuesto un cambio en el paradigma internacional en el sector.

CASO DE CHINA

EJF ha denunciado mediante el informe  ‘Marea de Injusticia. Explotación y pesca ilegal en embarcaciones chinas en el suroeste del Océano Índico’ las diversas irregularidades realizadas por la flota china, expresando la necesidad de tomar medidas de transparencia sobre los datos y el método de trabajo realizados en el país asiático. Entre 2017 y 2023, los buques chinos estuvieron vinculados a 86 casos únicos de pesca INDNR o abusos de Derechos Humanos (DDHH). El informe incide en la influencia que el país ejerce en el sector pesquero, sobre todo en los países ribereños, también en “las importantes inversiones en la economía azul del Océano Índico Sudoccidental”. 
 

Los datos muestran que de los 95 palangreros que “actualmente se cree que están autorizados a pescar atún”, el 47% están vinculados a casos de pesca ilegal e incumplimiento de  los DDHH. De las 44 entrevistas que realizó EJF, el 100% denunció condiciones de trabajo y de vida abusivas, el 96% horas extraordinarias excesivas y el 55% violencia física. Además, entre 2017 y 2023 informaron de 4 muertes ocurridas “a bordo de palangreros atuneros chinos, entre ellos, un supuesto suicidio”.

Sin embargo, el gobierno chino ha negado los datos del informe, cuestionando la veracidad de las pruebas publicadas. Clara Burillo, oficial de desarrollo de los océanos de EJF, asegura que desde la fundación mantienen “los resultados de nuestros informes”, asegurando que “las investigaciones se basan en pruebas exhaustivas que incluyen vídeos, fotos, testimonios y estos materiales han sido recopilados y verificados rigurosamente”.
En este sentido, China no forma parte de la lista de los 21 países que tiene ratificado el Convenio 188. Clara Burillo reconoce que no son optimistas en que lo vayan a ratificar e implementar. 

Juan Manuel Trujillo, presidente de la sección de Pesca de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) considera que “no debería entrar ningún producto de un tercer país y principalmente China si no está adherido y ratificado en el C188 como trabaja la Unión Europea (UE) con Tailandia”.
Trujillo denuncia que “incluso en los puertos donde operan se encuentran mensajes en botellas denunciando esa situación de esclavitud”. 

ECOSISTEMAS DAÑADOS

Las diferentes acciones cometidas de INDNR han sido otro de los asuntos destacados del informe y se han podido documentar a través de  imágenes y vídeos de pesca de animales con signos de tortura. En este sentido, el 80% de los 44 trabajadores entrevistados denunció el cercenamiento de las aletas de tiburón, el 59% de captura deliberada y/o lesiones de megafauna marina vulnerable (animales de gran tamaño que viven en los océanos y que corren peligro de extinción). Burillo denuncia las gravísimas consecuencias “para la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos”, al igual que a la economía de la región.
 

Con el fin de evitarlo, proponen, a través de un manifiesto, mejorar la transparencia para combatir la pesca ilegal aplicando los diez principios de la Carta Mundial para la Transparencia, incluyendo, entre otros, la publicación de información clave sobre los buques, ordenar el uso de identificadores únicos en los buques y hacer público su seguimiento o hacer pública la titularidad real de las embarcaciones. También comprometerse con el ‘Objetivo 30x30’, que supondría designar, mínimo, el 30% del océano como áreas marinas total o altamente protegidas (AMP).

ESPAÑA LIDER EN PROTECCIÓN

España tiene una de las mayores flotas pesqueras de la UE, con el mayor volumen de capturas registradas y uno de los principales importadores de pescado. EJF expone en el informe ‘De la costa al fondo del mar: cómo España puede liderar en la protección del océano que nuestro país no cuenta, actualmente, con los mecanismos adecuados de sistemas de seguimiento eficaces para realizar los controles necesarios. 

Respecto al papel del Instituto Social de la Marina (ISM), las inspecciones del control y aplicación del C188 se efectúan en España a buques pesqueros en puertos nacionales (a bordo) y en puertos extranjeros (documentales). El control se realiza por los médicos de sanidad marítima del ISM, en coordinación con los inspectores de la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde el momento de la entrada en vigor en España del C188 hasta la fecha actual, se han solicitado un total de 71 inspecciones:  34 en puerto español y 37 en puertos extranjeros.

Las deficiencias alcanzan un 3% y están relacionadas con incumplimiento de las condiciones de mantenimiento, higiene y equipamiento de las instalaciones sanitarias, cocinas, despensas, ausencia de autocontroles del agua potable a bordo o de registros del sistema del agua y deficiencias en el mantenimiento y dotación de los botiquines reglamentarios a bordo.

Por ello, el futuro Anteproyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen sancionador de la Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) será un paso más para reforzar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Entre las medidas, establece un Plan Nacional de Control en el que destacará el papel del Centro de Seguimiento de Pesca (CSP).

La importancia de realizar un control sobre la pesca ilegal reside en el Reglamento INDNR adoptado por el club comunitario.  Burillo expone que “EJF lleva mucho tiempo trabajando para que haya una mayor protección del mercado de la Unión Europea contra los productos derivados de la pesca ilegal”. También avisa de que hay Estados Miembros que tienen controles más laxos y  “son objeto de importaciones de capturas ilegales”.

La Unión Europea cuenta con el Reglamento INDNR, que incluye el Reglamento de Control de Pesca, recientemente revisado. EJF explica que “servirá para mejorar la recopilación de datos, trazabilidad y las capacidades de aplicación”. Además, hay incluida una “base de datos electrónica a escala de la UE para los certificados de captura, denominados CATCH, para mejorar el control y verificación de los productos del mar”.

C188 Y TAILANDIA

La situación de Tailandia es paradigmática. Burillo expone que “se convirtió en el primer país del sudeste asiático que ratificó el C188 y fue un hito contra la pesca ilegal y los abusos laborales” y que “hay algunas lagunas importantes en la implementación y en el cumplimiento”. 
 

En el informe se ha mostrado cómo la Asociación Nacional de Pescadores de Tailandia (NFAT) está realizando diferentes propuestas que afectarían a la actual regulación de los trabajadores del mar. Estas medidas proponen regular el trabajo infantil bajo la justificación de que será “parte de un programa de aprendizaje”, abolir el sistema de pago electrónico a los trabajadores o ampliar el número de días de pesca por viaje. Ante esta situación, el presidente de ETF considera que una cuestión es adquirir el compromiso de ratificar el convenio y otra es el grado de cumplimiento y compromiso. 

Por ello, aunque el C188 pudiese suponer una garantía de derechos laborales, los países que lo ratifican deben asegurar que la seguridad de sus buques y las condiciones laborales sean óptimas para sus trabajadores. También limitar los abusos de los derechos humanos de países que no se adhieran, independientemente de las consecuencias comerciales que pudiese conllevar. 

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