Ya están faenando. Los barcos afectados por la veda impuesta por el gobierno francés para proteger los delfines del Golfo de Vizcaya han retomado a su actividad tras un mes de paro obligado. El cierre de la pesquería se dirigía a los pesqueros de arrastre de fondo a la pareja, cerco, artes menores de enmalle, volanta y rasco con eslora superior a 8 metros. Concretamente han sido 400 los buques franceses (algunos pertenecientes a armadores gallegos) y 41 españoles los que han sufrido la medida. De estos últimos, 20 decidieron faenar en otras aguas; por lo que son 21 los realmente perjudicados por la decisión del país vecino.

En respuesta parlamentaria en el Senado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reiteró el firme compromiso de nuestro gobierno con los pescadores y armadores a los que la decisión gala impidió faenar del 22 de enero al 20 de febrero. Además, afirmó que su departamento mantiene un seguimiento continuo de la situación, “con un diálogo transparente con el sector y las comunidades autónomas” para ver de qué forma se puede lograr una implementación efectiva de medidas que reduzcan la captura accidental de cetáceos, estimada en unos 9.000 ejemplares al año, y “dar una compensación adecuada y justa a los que se han visto perjudicados”.

Según la Comisión Ballenera Internacional, los delfines pueden quedar atrapados en aparejos como redes, cuerdas y sedales. Las especies más pequeñas suelen morir inmediatamente al no poder subir a la superficie a respirar, mientras que los animales más grandes pueden escapar, aunque en numerosas ocasiones se quedan con el equipo de pesca enganchado al cuerpo, terminando arrastrando pesadas cuerdas, boyas o redes durante años.

PÉRDIDAS PARA EL SECTOR

Mikel Ortiz, gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), asegura que en la localidad pesquera preocupa la situación porque se pensaba que los barcos con elementos disuasorios (pingers) y observadores científicos a bordo no tendrían que dejar de faenar, algo que finalmente no ha sucedido, lo que ha derivado en “graves pérdidas al sector, que se ha visto privado de ingresos durante cuatro semanas”. 

Dos han sido los barcos obligados a dejar de faenar en Ondarroa. “Podían haber ido al Gran Sol, pero debido a la época y a las condiciones meteorológicas adversas, los armadores prefirieron quedarse en tierra”. La decisión francesa cayó en la localidad como un jarro de agua fría. “Ha sido un palo. ¿Dónde queda la ciencia y la seguridad alimentaria? Los estudios realizados por los observadores científicos que embarcamos aseguran que el uso adecuado de pingers inhibe a los delfines de acercarse a las embarcaciones, algo que no se ha tenido en cuenta. Una vez más, la medida responde a criterios excesivamente medioambientalistas que ponen en riesgo la profesión y no tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de los pescadores y armadores, que esperan la convocatoria para solicitar a la Secretaría General de Pesca las ayudas compensatorias y acceder a ellas, algo que ya están tramitando los pescadores franceses”, asegura Ortiz.

El gerente de OPPAO considera que esta situación realmente va a afectar a todos porque “está en peligro la seguridad alimentaria de los consumidores europeos ya que las políticas verdes promovidas desde Bruselas nos hacen cada vez más dependientes de productos procedentes de Asia y de países con escasa reputación y garantías de seguridad alimentaria”.

Por su parte Eduardo Míguez, del Puerto de Celeiro, asegura que han sido cuatro barcos pesqueros de bandera francesa, pertenecientes a armadores españoles, los que han permanecido parados en la localidad durante el mes de veda. “La parada se ha desarrollado sin incidentes destacables, aunque ha habido casos donde grupos ecologistas han increpado a los pesqueros que podían pescar”.

Según Luis Planas, la flota española “defiende la sostenibilidad y las buenas prácticas”. En consecuencia, el Gobierno publicó una orden ministerial estableciendo mecanismos para simplificar el control de capturas. Para la Comisión Europea la medida no fue suficiente; de ahí que publicó otra, incorporando al ordenamiento jurídico español la veda impuesta por Francia, dando cumplimiento al artículo 13.2 de la Política Pesquera Común, “que se aplica por primera vez”, sobre medidas de urgencia de los Estados miembros.

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