El calentamiento atmosférico global y el cambio climático son las más significativas muestras del deterioro que el abuso humano está causando en el planeta Tierra. Los informes de la ONU advierten de que el cambio climático es algo muy grave, y señalan que en los mares y océanos del planeta se han alcanzado las temperaturas más altas de la historia.

El Derecho Internacional del Medio Ambiente comprende el movimiento derivado de las diferentes Cumbres organizadas por las Naciones Unidas desde Estocolmo en 1972. En la Cumbre de la Tierra de1992 se impulsaron el Convenio de Diversidad Biológica, que se aplica también a las zonas marinas con la precisión que corresponda, el Convenio Marco sobre Cambio Climático y el Convenio de lucha contra la Desertificación. 

El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay (Jamaica) de 1982, que entra en vigor en 1994, a pesar del avance que supuso en su momento, se centra en establecer la jurisdicción de los Estados y los límites de las aguas territoriales, y está necesitado de mayores impulsos en lo relativo a la protección de la vida marina de espacios sitos más allá de la jurisdicción nacional, el Alta Mar y la Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos, lo cual ha dado pie al actual proceso de negociación de un nuevo acuerdo de aplicación de la Convención de 1982 relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional.

En el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2021, presente en la Cumbre del Clima COP26 celebrada en Glasgow (UK), ya no hay duda de que el carbono es la principal causa del incremento global de la temperatura de nuestro planeta, ni de que nuestro modelo económico-productivo no puede continuar si queremos mantener la temperatura global por debajo de 1,5 grados. 

La efectividad de las Cumbres del Clima se cuestiona año tras año y se cierran con nuevas sensaciones de fracaso por parte de los científicos y la sociedad civil. En el centro de la gran Action Room de la COP 26, colgaba una enorme bola del mundo, nuestro maravilloso Planeta Azul, y alrededor de ella grandes luminosos anunciaban los nombres de las importantes compañías financiadoras del evento. Las compañías mercantiles tienen personalidad jurídica y derechos que permiten la explotación de la Naturaleza desde el siglo XIX, sin embargo, los ecosistemas no tienen derechos propios, a la vida, a la protección y a la recuperación.

DERECHOS DEL MAR MENOR

A pesar de todo, los derechos de la naturaleza han estado presentes en la pasada Cumbre de las Naciones Unidas COP 26 formando parte del lenguaje y el discurso de las mujeres que luchan por la justicia climática y ecológica. Además, el caso de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para reconocer los derechos del Mar Menor fue objeto de una sesión especial en la Cumbre de los Pueblos COP 26, People Summit celebrada en Glasgow. 

El reconocimiento de personalidad jurídica a una entidad natural o ecosistema, como la laguna del Mar Menor y su Cuenca, significa que ésta gozará de derechos propios (capacidad jurídica) y ejercerá sus derechos a través de la Defensoría del Mar Menor (capacidad de obrar). A su vez, cualquier ciudadano o ciudadana estará legitimada para exigir su defensa y podrá defender los derechos de este ecosistema ante los Tribunales de Justicia mediante una acción en nombre del ecosistema. 

Se trata de avanzar en igualdad y distribución de derechos, que ya no sólo serán titularidad de las personas, las corporaciones o las entidades mercantiles y asociativas, sino también de la naturaleza, los ecosistemas, las entidades vivas básicas para la protección de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. 

Teresa Vicente, en los muelles de San Pedro de Pinatar.

El Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa y un ecosistema único, está herido de muerte, ha perdido su capacidad de regulación, su reequilibrio ecológico natural u homeostasis, debido a las presiones antrópicas procedentes mayoritariamente de la cuenca vertiente, como resultado de los planes de urbanismo incontrolado, la agricultura y ganadería intensivas, la actividad histórica de la minería, los sistemas de alcantarillado deficitarios de los pueblos ribereños, y otras actividades de usos intensivos del territorio de su cuenca. 

El reconocimiento de personalidad jurídica y derechos propios del Mar Menor y su Cuenca es una iniciativa de la ciudadanía para salvar un ecosistema en peligro. El movimiento social consiguió superar el mínimo de las 500.000 firmas, que exige una ILP reconocida en la Constitución española (artículo 87.3) en relación con la Ley Orgánica 3/1984, en un contexto de confinamiento por la pandemia de Covid-19. 

EL INICIO DEL PROCESO

La recogida de firmas para la ILP, como instrumento máximo de democracia participativa recogido en la Constitución Española, ha sido ejemplar. Desde finales de octubre de 2020, momento en el que se recogieron los pliegos sellados por la Junta Electoral Central, hasta el momento de la entrega de 639.824 firmas ante la Oficina Central del Censo Electoral el 27 de octubre de 2021, el movimiento ciudadano en torno a la ILP fue creciendo en las plazas y las calles de la Región de Murcia y fuera de ella.

Pedro García, director de ANSE, una de las asociaciones impulsoras de la ILP, durante la anoxia del 2019.

Una vez presentadas y comprobadas las firmas, la ILP pasó a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, donde se informó de las razones para esta Iniciativa Popular el 15 de marzo de 2022, tras el debido informe favorable del Gobierno. El 5 de abril el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración la ILP por una mayoría con 265 votos a favor. 
La ILP es ahora un proyecto de Ley que se debate en el Congreso, ya ha pasado el trámite de enmiendas a la totalidad sin que se haya presentado ninguna, y actualmente se encuentra en período de enmiendas al articulado.

La aprobación del texto de la ILP tal y como fue concebida, complementará la protección legal que hasta la fecha ha venido intentando su conservación y recuperación. Y establecerá una nueva relación jurídica con la laguna, donde las actividades que se desarrollan y le afectan no podrán suponer una merma para los derechos del ecosistema. Supone además el empoderamiento de una ciudadanía que se siente parte y no dueña de la laguna y que comparte el legado ecológico con las generaciones futuras. 

Mª TERESA VICENTE, Promotora de la ILP del Mar Menor, Directora de la cátedra de derechos humanos y de la naturaleza, Universidad de Murcia