2024 es un año que comienza con importantes novedades en materia legislativa que de una u otra manera vienen a afectar a todos los ciudadanos. En diciembre el Gobierno aprobó tres reales decretos. Tras pasar por el trámite de la convalidación en un Pleno Extraordinario en el Congreso, finalmente fueron aprobados los popularmente conocidos como “decreto anticrisis” y “decreto ómnibus”, mientras que el que recogía las medidas para la conciliación familiar y la protección para el desempleo, fue desestimado.

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, aborda medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como por la sequía. 

El conocido como “decreto anticrisis” recoge diversas novedades en el ámbito tributario, civil y laboral, así como normas para el sector energético.
Dentro de las medidas aprobadas en el área de trabajo y seguridad social destaca la revalorización de las pensiones y prestaciones. Hasta que no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para 2024, y con carácter general, la subida será de un 3,8% con un límite máximo de 3.175€. Tanto el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como las pensiones mínimas y no contributivas se incrementarán un 6,9%. Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación es de 734 euros al año.  

En el caso de la pensión mínima de viudedad con cargas familiares, se equipara su cuantía a la de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, lo que supone un incremento del 14,1%. En total, casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones van a ver conservado o aumentado su poder adquisitivo.

El complemento para la reducción de brecha de género tendrá un importe de 33€ mensuales y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que también afecta a los autónomos, tendrá una subida del 0,70%. También es novedosa la regulación de la cotización de las prácticas formativas remuneradas y no remuneradas.

En ausencia de los Presupuestos para 2024, las bases mínimas y máximas de cotización suben un 5%, al igual que el Salario Mínimo Interprofesional, pactado entre Gobierno y agentes sociales.

Además, este Real Decreto-ley incorpora una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 de la jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera.

Se aprueba una prórroga de las ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. El decreto desarrolla además algunos incentivos a la contratación de personal investigador y para los casos de sustitución durante el permiso por maternidad.  El coste de la revalorización y subida de las prestaciones citadas asciende a 8.280 millones de euros.
 

ÁMBITO TRIBUTARIO
En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley 8/2023 incluye modificaciones en los límites excluyentes de estimación objetiva del IRPF y se establece la obligatoriedad de presentar la declaración por medios electrónicos. Se modifica el impuesto de sociedades; se prorroga por seis meses la reducción del IVA en algunos alimentos, a los que se añade el aceite, pero el pescado sigue sin lograr el tipo reducido.

Para 2024 se prorrogan los límites de aplicación del régimen especial de la pesca en 250.000 euros, estableciendo un nuevo plazo del 29 de diciembre al 31 de enero.

Habrá una prórroga de los impuestos temporales a las grandes fortunas, banca y empresas energéticas. También se legislan cambios sobre el patrimonio e incrementos del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

También incluye una ampliación de los plazos para obtener la autorización administrativa definitiva (AAE) en las instalaciones de eólica marina, tras la emisión de la declaración de impacto ambiental.

Se prorroga la gratuidad de los trenes de cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico y reducciones en los recibos de luz y gas.
Durante la votación parlamentaria, el Gobierno acordó con Junts la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños indicó que se desarrollará una ley orgánica para delegar dichas competencias, según prevé el artículo 150.2 de la Constitución.

Entre los pactos acordados, también se traspasará la gestión del IMV a las comunidades autónomas de régimen común que lo soliciten.
También convalidado, el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con lo que previsiblemente se aprobará el 20 de marzo. 

El conocido como “decreto ómnibus” comprende un conjunto de medidas relativas a la operatividad de los procesos judiciales. También incluye una reforma y modernización de la función pública, así como sendas modificaciones de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 49/2022 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo con el objetivo de acelerar el despliegue de los medios digitales. 

El Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, finalmente resultó desestimado. Esta norma desarrollaba una reforma de la protección asistencial por desempleo que hubiese entrado en vigor en junio de 2024, con lo cual tendrán que volver a negociarse todos los aspectos de la reforma del subsidio.
Todas estas medidas llegan para cumplir con los compromisos con la Unión Europea y poder desbloquear el cuarto paquete de ayudas de los fondos europeos para el Plan de Recuperación que asciende a 10.000 millones de euros.

MAR 642