Son muchas las razones por las que un barco puede terminar en manos de la Administración. Podría haber transportado drogas o armas, servido de canje para saldar una deuda con Hacienda o haber sido abandonado en un puerto. En estos casos, la Administración asume la titularidad de los barcos y decide su destino, muchas veces a través de subastas públicas.

Uno de los organismos más activos en las subastas de embarcaciones es la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), que depende del Ministerio de Sanidad y gestiona, desde hace 30 años, el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. “Gestionamos aquellos bienes relacionados con un delito de tráfico de drogas o de blanqueo de capitales fruto de esa actividad delictiva. Las embarcaciones decomisadas pueden serlo porque son producto de esta actividad delictiva o porque son el medio en el que venía la droga oculta para su transporte”, explica Luis Fernando Montero Durán, jefe de área de esta delegación.

Para que la DGPNSD actúe es imprescindible que haya una sentencia firme. Este punto condiciona el tipo de embarcaciones que llegan al organismo, porque si bien es sencillo demostrar la participación de una embarcación en un delito de narcotráfico cuando la propia embarcación ha transportado o almacenado la droga, es más complicado demostrar que la compra de un yate se hizo con dinero sucio. Por eso, los barcos decomisados que gestiona la DGPNSD suelen ser los del primer tipo, los utilizados como instrumento para cometer el delito: veleros de corta eslora que usan dobles fondos para esconder los fardos y lanchas de reducido tamaño que tienen en su discreción su principal arma para evitar las sospechas de la Guardia Civil.

Cabe destacar que las llamadas planeadoras, las favoritas de los narcotraficantes, lanchas semirrígidas capaces de alcanzar los 60 nudos (unos 111 km/h), no gozan del beneficio de una segunda vida, ya que solo pueden ser destruidas (aunque sus potentes motores fueraborda sí pueden subastarse).

Además del narcotráfico, otros delitos que también encuentran en la mar el medio para extenderse son la trata de personas y el tráfico de armas. En estos casos, el organismo que controla las embarcaciones involucradas es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente de Justicia y en funcionamiento desde 2015. Al contrario que ocurre con la DGPNSD, la ORGA no necesita una sentencia firme para subastar una embarcación decomisada, lo que acelera la celebración de la subasta y, además, al ser más leve la relación entre embarcación y delito, condiciona qué tipo de embarcaciones se subastan. Aquí sí afloran barcos lujosos como yates y veleros de grandes dimensiones.

Abandonos

Otra de las causas para que la Administración se haga con una embarcación es que haya sido abandonada en su atraque. Además del perjuicio de ocupar un espacio que podría utilizar un barco en activo, una embarcación desatendida conlleva diversos riesgos: podría hundirse por la falta de mantenimiento, ser el foco de un incendio, provocar un vertido o, el riesgo más habitual, llamar la atención de quienes quieran hacerse con su equipamiento más valioso. Por eso, localizar las embarcaciones abandonadas para su retirada es una tarea crucial. 

Sacar una embarcación abandonada de su atraque exige tiempo y trámites, porque primero hay que demostrar que la embarcación está efectivamente abandonada. Para ello, son necesarios dos requisitos. El primero es un informe de la autoridad portuaria que certifique que la embarcación no se ha movido durante un tiempo ni nadie la ha visitado. El segundo requisito es que se constate el impago de la tasa de atraque durante un mínimo de seis meses consecutivos. 

Las embarcaciones que son declaradas abandonadas suelen ser de pequeño tamaño, muchas veces de titulares extranjeros que las usaban en sus vacaciones y que han dejado de venir, desentendiéndose de sus barcos. No sucede lo mismo con los propietarios españoles. “Es menos usual que los propietarios españoles abandonen su embarcación. Normalmente intentan venderla, en especial por ruina económica, que es la principal causa. Pero si se ha deteriorado y no tiene valor residual, la dejan en el puerto y nos toca a nosotros hacernos cargo”, explica Francisco José Martínez Romero, jefe del Área de explotación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

Dos modalidades

Cuando la embarcación abandonada pasa a ser propiedad de la Administración, las opciones posibles son retirarla a un vertedero, la venta directa o subastarla. “La subasta es la opción más clara y transparente que se nos ocurre para deshacernos de los barcos que están ocupando un espacio de dominio público”, explica Martínez Romero. “Normalmente ponemos todas las embarcaciones en subasta aunque la tasación sea 0, porque podemos sacar 20 o 50 euros y ahorrarnos la retirada y traslado de la embarcación, que corresponde a la persona adjudicataria”.

El proceso para subastar una embarcación es engorroso, especialmente si la subasta es presencial, la modalidad que han practicado hasta ahora en los puertos de Andalucía. Una vez la embarcación es propiedad de la Administración, se tasa y, si se decide subastarla, se difunde la celebración de la subasta en la web y el boletín oficial de la región. La información que se comparte –el pliego–incluye los datos de identificación del barco, sus principales características (año de construcción, medidas, estado general, equipamientos si lo hay), el precio de salida y el contacto para poder visitar la embarcación.
En la modalidad presencial, las personas interesadas deben enviar por correo postal sus documentos de identificación, las cifras con las que quieren hacer la puja y la garantía de pago por un porcentaje sobre el precio de salida (entre el 4% y el 25 %). 

El día de la subasta, la llamada mesa de la subasta leerá las ofertas y la más alta será el punto de partida para que las personas allí presentes, que son las que previamente enviaron sus datos –dos o tres, normalmente– pujen por la embarcación. 

La otra fórmula para celebrar subastas es la online, el sistema favorito de organismos como la AEAT, la ORGA o la propia DGPNSD. Esta modalidad para subastar bienes de la Administración tuvo su auge tras la pandemia para dar salida a los inmuebles y bienes que se fueron acumulando al no poder celebrar subastas presenciales. 

La AEAT y la ORGA utilizan el portal de subastas del BOE, mientras que la DGPNSD ha externalizado el proceso a la empresa SURUS INVERSA S.L.U. Esta empresa lleva la gestión integral de la subasta: se desplaza a los puertos para tasar las embarcaciones, las adecenta para que aumenten su valor, publica el anuncio de la subasta en su portal Escrapalia, gestiona las visitas a los puertos, dirige la subasta online y, una vez celebrada, ingresa el dinero recaudado a la Administración previo descuento de su comisión (el 17,3 %). El número de pujantes suele rondar la decena.
“Prácticamente todas las subastas que salen se venden, a veces por un precio muy superior al de partida. Cuando las hacíamos nosotros, quedaban muchas sin vender”, explica el jefe de área de la DGPNSD. Montero Durán destaca que han ganado velocidad y que ahora evitan el deterioro de las embarcaciones y el coste relacionado con el depósito de los barcos. El año pasado, este organismo subastó ocho embarcaciones, cifra en la línea de las 11 de 2023 o las 6 de 2022. Desde 1996, la DGPNSD ha subastado 1.003 embarcaciones, abandonado 983, vendido 603 y adjudicado 111 a organismos públicos (normalmente Guardia Civil y vigilancia aduanera).

Una segunda vida 

“Hay quien compra los barcos para revenderlos, para piezas si no estaban en buen estado, para hacer turismo o para hacer un negocio y transportar a turistas”, explica Montero Durán. Entre las últimas subastas auspiciadas por la DGPNSD se encuentra una lancha deportiva de proa abierta, cuyo precio de salida fue 2.400 euros y terminó alcanzando 19.500. Igual de provechoso fue el destino de un velero con los camarotes incendiados: partió de 1.200 euros y salió por 58.000. La multiplicación del precio de salida es habitual entre los veleros decomisados, pero nada comparable al que comenzó por 150 euros y fue creciendo hasta los 34.000 (226 veces el precio inicial).

“El destino de los barcos subastados no lo sabemos ni nos interesa. Lo que queremos es que se vendan y saquemos el mayor porcentaje posible”, afirma Montero Durán. El año pasado, las subastas de embarcaciones de la DGPNSD recaudaron 61.060 euros, una porción muy pequeña si se compara con todo lo recaudado por las subastas: 3.244.883 euros (el 81% de esta cantidad proviene de las subastas de maquinaria decomisada). Este montante se destina al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y se utiliza para apoyar la labor policial de control de la oferta de drogas y para financiar iniciativas de prevención y asistencia a personas drogodependientes. 

En cuanto a quiénes compran las embarcaciones abandonadas, Martínez Romero, jefe del Área de explotación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, apunta que “hay de todo un poco: hay particulares que ven la posibilidad de comprar un barco de segunda mano por un precio irrisorio y gastarse dinero en equiparlo para tenerlo disponible. También hay empresas náuticas que los compran, reparan y los ponen a la venta buscando un beneficio. Y hay otro perfil, que es muy curioso y no conocía, que es gente que se dedica a comprar barcos que valen 20 euros o menos y los pintan por fuera y los ofrecen a ayuntamientos y carreteras como adornos de rotondas”.

Ya sean veleros y lanchas marcadas por un delito o embarcaciones de recreo cuyos dueños se han olvidado de ellas, las subastas auspiciadas por la Administración permiten que estas embarcaciones acaben en nuevas manos que van a rehabilitarlas, cuidarlas y, en la mayoría de los casos, devolverlas a la mar.

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