Las noticias relacionadas con el sector van ocupando cada vez más espacio en prensa, internet y medios audiovisuales, pero no es oro todo lo que reluce cuando se habla de la pesca solo para contar problemas. 2022 nos deja tal vez con una balanza desfavorable de malas noticias, pero también dejamos atrás un año con importantes acuerdos firmados y la esperanza de cambios positivos al asumir España la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el segundo semestre del año.

El año 2022 comenzó con unos TAC y cuotas que dejaron una sensación más agria que dulce. Durante el año que acabamos de dejar se permitieron mayores capturas de jurel, cigala del Cantábrico, gallo y rape pero también se produjeron reducciones de merluza, lenguado y el mantenimiento de la cuota de abadejo.

El Mediterráneo ha seguido siendo el grifo abierto por el que el sector pesquero español sigue perdiendo días de faena sin que las voces de alarma que llegan desde lonjas y puertos estén siendo escuchadas en Bruselas. En 2022 la flota que pesca en el Mediterráneo tuvo 20 días menos para poder salir a pescar, que sumados a las reducciones de años anteriores ha supuesto quedar amarrados un 25% de los días asignados, además de la introducción por primera vez de la gamba roja en el sistema de cuotas. 

Pese a que los recortes salieron adelante, por primera vez, España bloqueó y votó en contra de las propuestas de la Unión Europea de reducción de cuotas para el Mediterráneo. La delegación española consiguió suavizar algunas rebajas en las cantidades inicialmente propuestas, sin que ello fuese motivo de alegría para el sector.

Mejores noticias llegaban para el sector atunero en noviembre cuando se informaba tras la reunión anual del ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) del incremento de las posibilidades de pesca para el atún rojo. La flota española dispondrá de 6.784T anuales de captura para los próximos tres años, lo que supone un incremento del 10% con respecto a 2022. Este aumento es posible gracias a la recuperación de la especie como consecuencia de los planes de gestión acometidos en los últimos años.

En un año especialmente complicado por el aumento de los costes de producción motivados por el incremento del precio del gasoil, la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero supuso una nueva vuelta de tuerca con aumento de los precios de las materias primas, bloqueos de mercancías, nuevos itinerarios y una serie de reacciones en cadena que han desembocado en que el sector tuvo que hacer nuevos ajustes pero también en la recepción de ayudas europeas a la flota para paliar estos efectos.

VETO A LA PESCA DE FONDO

El remate llegó el 9 de octubre con el cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico nordeste con el objetivo de proteger los hábitats marinos sensibles. La aplicación de este reglamento fue llevada ante los tribunales por el Gobierno español quien ha aducido, entre otras alegaciones, que el reglamento no está basado en datos científicos actualizados, que carece de un informe sobre el impacto social de la norma, que ha perjudicado a otras artes de fondo y no al arrastre (como pretendía) y que España, debido a su menor extensión de su plataforma continental, resulta más perjudicada que otros países.

Aunque oficialmente no se han cuantificado aún las pérdidas que está suponiendo la entrada en vigor de la medida para la flota española, ya que se quieren ofrecer en base a datos científicos contrastados, desde Galicia, algunos puertos como el de Celeiro ya reportan una disminución del 20% en sus capturas principalmente de merluza, rape y gallo.

Desde Bruselas, el comisario de Medioambiente Virjinijus Sinckevicius parece inmune a las peticiones que desde el sector pesquero y desde distintos organismos españoles le hacen llegar, y aunque se muestra abierto a posibles modificaciones del reglamento, eso no será posible hasta junio de 2023, fecha en la que se revisará la norma. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha confirmado que de forma paralela al recurso, se negocian otras soluciones.

Embarcaciones de pesca artesanal en Punta Umbría (Huelva)/Foto: Patricia Romero Alonso.

Con toda seguridad, la peor noticia que nos deja el año 2022 fue la pérdida de los 21 tripulantes del Villa de Pitantxo el pasado 15 de febrero. El arrastrero gallego se hundía en las gélidas aguas de Terranova durante el izado de los aparejos en mitad de un fuerte temporal, un accidente que todavía está en fase de investigación y del que solo sobrevivieron tres personas. La mayor tragedia en el sector pesquero español de los últimos 40 años.

ACUERDOS POSITIVOS

2022 fue declarado por la FAO Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura para reclamar el papel fundamental de los profesionales y empresas del sector a la hora de aportar un alimento sostenible y saludable. A lo largo del año se han organizado diferentes actos, encuentros y actividades de promoción sociales, científicas y técnicas de diversa índole que han dado una mayor visibilidad a la pesca.

También ha sido un año en el que se ha avanzado en la ratificación del Acuerdo Ciudad del Cabo de 2012, un marco normativo para regular internacionalmente la seguridad y mejorar la vida a bordo de los buques pesqueros de más de 24 metros de eslora. España ha tenido un papel especialmente destacado a la hora de promover la implantación de este acuerdo con el fin de dar solidez a un marco jurídico internacional que a la vez garantice las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de los recursos pesqueros cuidando del medioambiente.

El 7 de abril, el Congreso de los Diputados ratificaba por unanimidad la adhesión de España al Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza un trabajo decente para los pescadores y contribuye a luchar contra la pesca ilegal. Representantes sindicales y de la patronal se mostraban satisfechos con la decisión, con la esperanza de que ahora Bruselas revise los mecanismos para frenar la importación de productos del mar baratos, procedentes de flotas como las asiáticas, con costes de explotación más bajos, escasas garantías laborales y poco respetuosas con la sostenibilidad.

Y de esta manera se confía en ir estrechando el cerco a la pesca ilegal. La FAO anunciaba en septiembre nuevas directivas para la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, mediante la regulación de los trasbordos en altamar, puertos y aguas costeras. Este sistema de “blanqueo” es empleado por algunos buques que trasvasan sus capturas a otros y así consiguen vender pescado conseguido sin control.

Observadora a bordo realizando una inspección/Foto: NOAA.

Según un informe de la Unión Europea en el que se estudia la acción de los países miembros contra la pesca ilegal, España es el país con un mayor nivel de sofisticación en los sistemas informáticos de control pesquero y con un mejor alcance y calidad de dichos controles. En contraste, Dinamarca una potencia mundial a nivel pesquero, reporta niveles bajos y medios, respectivamente, en la medición de dichos parámetros. Estos datos demuestran que España es el país de la Unión que ha realizado un mayor número de inspecciones, al menos en el 90% de los desembarques directos.
A la par de todas estas noticias, la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera continúa su trámite parlamentario y traerá importantes novedades para algunos colectivos del Régimen Especial del Mar. Rederas, neskatillas, empacadoras y buceadores profesionales tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para la jubilación del 0,15. También alcanzarán ese coeficiente las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote. Este incremento de coeficientes puede beneficiar a unas 5.300 personas.
La nueva ley introduce la limitación del volumen de capturas, la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, previo acuerdo con el sector y con la base de la información científica. Potenciará las reservas marinas y flexibilizará el uso de las cuotas mediante, entre otras medidas, la regulación de las normas de intercambio entre buques.
También hablamos este año de las novedades en los caladeros nacionales al aprobarse el 27 de junio el Real Decreto 502/2022 para regular el ejercicio de la pesca peninsular. Se trataba de unificar las directrices que hasta entonces estaban dispersas y fragmentadas en diferentes normas. La ley regula los mecanismos de intercambio de censo, los cambios de modalidad a la hora de gestionar cuotas, las temporadas de pesca, horarios, dimensiones de redes y mallas o el reglamento sancionador entre otras normativas.

Embarcaciones de pesca artesanal en Viveiro (Lugo)/Foto: Patricia Romero Alonso.

Por otro lado, a principios de diciembre, Vigo se convertía en la sede de la Mesa de la Ciencia Pesquera, un organismo de nueva creación cuya función será el debate y asesoramiento sobre políticas públicas relacionadas con la pesca. También tendrá como misión proporcionar un medio de participación de la sociedad en dichas decisiones al ser un órgano de confluencia entre la ciencia y el sector pesquero.

Un año convulso, pero como quedó patente en las XXI jornadas de Celeiro ahora más que nunca es necesario que los pescadores sean los creadores del relato que se exporta a la sociedad sobre la pesca. El objetivo para 2023 es hacer partícipes a los consumidores de todo el proceso y que desde la sociedad surja un movimiento que reivindique y proteja una actividad noble, respetuosa con el medioambiente y que proporciona alimentos de calidad.