La reforma del mercado de trabajo, que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado con los agentes sociales (las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT), trae importantes novedades. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que la norma "pasa página a la precariedad laboral en España", rompe con los contratos basura y mejora la calidad en el trabajo, lo que repercutirá en la mejora de las pensiones públicas.

Veamos algunos de los principales cambios. Para empezar las personas que se incorporen a un nuevo trabajo lo harán, de manera ordinaria, con contrato indefinido, ya sea fijo o fijo-discontinuo. Ésta última modalidad de contratación, el contrato fijo-discontinuo, será la utilizada para aquellos trabajadores pertenecientes a sectores estacionales y que generalmente recurrían al temporal.

Desaparecen los contratos por obra y servicio y se reduce a 18 meses -en un periodo de 24 meses-, el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido (frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses anteriores). 

Los salarios no podrán bajar de lo estipulado en el convenio del sector de actividad que se trate. La llamada “ultraactividad” vuelve a ser indefinida, de forma que cuando concluye la vigencia de un convenio colectivo, las condiciones establecidas en él seguirán en vigor después de que finalice su vigencia expresa.

Los jóvenes verán regulada su actividad laboral a través de dos nuevas modalidades de contrato, que sustituyen al de prácticas: el de formación en alternancia, mientras se están cursando estudios; y los contratos para la obtención de práctica profesional, destinados a quienes ya tienen un título y están aprendiendo la profesión. 

ERTE PARA EVITAR DESPIDOS

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta reforma laboral pretende acabar con las disfuncionalidades en el mercado de trabajo. Si una empresa se ve obligada a realizar un ajuste en su plantilla en una futura crisis podrá utilizar el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, similar al Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE). De hacerlo, las compañías recibirán beneficios fiscales y para la formación de su plantilla. A cambio, deberán mantener durante seis meses el empleo; mientras que los trabajadores acogidos a este mecanismo recibirán una prestación similar a la de desempleo (70 % de la base de cotización) sin que le consuma el paro generado hasta la fecha, como ha ocurrido con los ERTE durante la pandemia.

Las empresas que cometan infracciones se expondrán a mayores sanciones, ya que no solo se incrementan las cuantías de las mismas hasta los 10.000 euros en los casos más graves, sino que se aplicarán por cada trabajador.

La reforma entró en vigor el 29 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las empresas dispondrán de tres meses para adaptar los contratos temporales vigentes a la nueva legislación y de seis en el caso de los contratos de obra y servicio.