La adhesión a las Comunidades Europeas en el año 1986 supuso la brusca adaptación a las líneas marcadas por el Acta Única para abordar la realización efectiva del Mercado Único Interior en 1993, mediante la armonización de los sistemas y legislaciones marítimas europeas, lo que obligó a un nuevo redimensionamiento de las estructuras marítimo-portuarias.

En particular, la inmediata aplicación de los Reglamentos 4055 y 4058 de 1986, y 3577/1992, constituyó un hito para la apertura de nuestro sistema, al instaurarse el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados Miembros, entre éstos y terceros países, y dentro de los propios Estados Miembros (cabotaje marítimo).

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, contribuyó de forma decisiva en el proceso de modernización y liberalización de la marina mercante, al llevar a cabo la delimitación de las competencias marítimas del Estado, la supresión de trabas administrativas existentes en el sector, la adaptación de la nacionalidad de las tripulaciones a la libre circulación de trabajadores, la liberalización de la importación o exportación de buques, la creación de la “Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima” para asumir la prestación de determinados servicios que demandaban mayor libertad de gestión, y la creación de un Registro Especial de Buques y Empresas Navieras con sede en las islas Canarias, a fin de posibilitar la competitividad de nuestras empresas navieras, a semejanza de los ya existentes en otros países miembros. 

En el bloque de la seguridad marítima y protección del medio marino, España hubo de transponer múltiples Directivas sobre formación de tripulaciones, equipos marinos, registro de tripulaciones y pasajeros, sociedades de clasificación, y realización de inspecciones regulares obligatorias en los puertos de la Unión.
 
Gran repercusión tuvieron los cambios normativos introducidos mediante los conocidos como «paquetes Erika» tras las catástrofes del “Erika” y “Prestige”, en 1999 y 2002 respectivamente, que conllevaron el establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento, control e información sobre el tráfico marítimo (SafeSeaNet), y la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

No menos importantes son las normas ambientales acordadas en el seno de la Unión, que continúan en la actualidad mediante el paquete «Fit for 55», y que obligan a una adaptación progresiva de las flotas europeas para conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

En definitiva, en estos cuarenta años nuestro sector ha experimentado un proceso continuo de modernización y apertura que todavía continúa.  ➡️Leer más en el número 666 del mes de abril de la revista Mar.