La rapidez con la que la Inteligencia Artificial modifica día a día la vida de las personas pone de manifiesto la necesidad de analizar cómo evoluciona esta tecnología para después poder aprovecharla en el servicio a los ciudadanos y empresas, hacia quienes se dirige el trabajo de la Seguridad Social.

El mes de octubre, España ha sido escenario de distintos encuentros en los que se ha analizado el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto organizacional europeo y español, y cómo a su vez repercute tanto en personas como empresas.

León acogía la reunión informal del Consejo de la UE sobre Telecomunicaciones a la que asistieron 36 mandatarios, entre ellos una veintena de ministros de los países de la Unión, además de altos representantes de los organismos europeos y de instituciones internacionales con el objetivo de sentar las bases para una legislación sólida y común ante el desafío que supone el imparable crecimiento de la IA.

La vicepresidenta Nadia Calviño subrayó que la UE quiere convertirse “en el referente global en la regulación de toda la innovación tecnológica en el ámbito digital”, con el objetivo de proteger “nuestra seguridad, nuestra intimidad y los derechos y valores democráticos”.

En el XX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESS), el secretario de Estado de Seguridad Social Borja Suárez ponía el foco en el análisis de datos a la hora de diseñar las políticas públicas y poder mejorar las actuaciones de acceso a la Seguridad Social así como implementar la calidad en el servicio de atención a los ciudadanos: “La IA abre campos nuevos para lograr un mejor conocimiento de la realidad social que nos ha de permitir un diseño más efectivo de las políticas públicas, sin perder de vista la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos”.

Mientras que en las jornadas organizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) se puso de manifiesto la necesidad de analizar cómo evoluciona esta tecnología para después poder aprovecharla en el servicio a los ciudadanos y empresas.

En el encuentro de León también se apeló a la importancia de escuchar a los representantes del sector privado y conocer de primera mano sus experiencias a la hora de legislar.

La Comisión Europea trabaja desde 2019 en un borrador de ley que fue presentado en abril de 2021 y sobre el que el Parlamento Europeo ha introducido enmiendas que están en proceso de negociación. El objetivo es obtener un borrador final antes de que acabe el año y que se pueda aplicar a finales de 2025.

El futuro reglamento pondrá especial énfasis en la IA. Los trabajos realizados por los ministros en León servirán para el próximo trílogo que pretende avanzar en la aprobación de la normativa.

El reglamento no pretende legislar la tecnología sino su uso con tres categorías: riesgo inaceptable, alto riesgo y riesgo limitado por el grado de amenaza que representen sobre los derechos de los ciudadanos.

Nuestro país publicó la “Carta de Derechos Digitales” en 2021, siendo pionero en la adopción de marcos de referencia en el ámbito de los derechos digitales.
En España se aplicará directamente la regulación europea cuando entre en vigor y se han dado los primeros pasos para la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA, que velará por el cumplimiento de la normativa a través de sellos de calidad. De esta manera se  liderará el impulso de la IA de manera responsable a través de la creación de entornos regulados y controlados.

Entre las experiencias positivas llevadas a cabo en la Seguridad Social figura la implantación de los “chatbots” para atención al ciudadano. Uno de los mayores casos de éxito de este tipo de tecnología fue el diseñado para el lanzamiento del simulador del Ingreso Mínimo Vital que se convirtió en un ejemplo a nivel mundial, liderando los accesos a este tipo de servicios en el momento de su despliegue.

Otro ejemplo es el proyecto Ciudadano 360 llevado a cabo por la empresa Teradata junto a la GISS con el objetivo de crear un modelo consolidado, con el ciudadano en el centro de la atención, para lo que se trabaja con los datos de los usuarios y cómo se relacionan esos ciudadanos con la Seguridad Social, para poder ofrecer soluciones que mejoren los servicios y la atención, e incluso poder anticiparse a sus necesidades.

Número 639 del mes de octubre