La Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera ha sido aprobada por 144 votos a favor, uno en contra y 115 abstenciones, siendo rechazadas las 169 enmiendas debatidas en el Senado.

La norma incluye novedades con respecto al reparto de cuotas, introduce o incrementa los coeficientes reductores de la edad de jubilación de algunos colectivos del mar y refuerza los nexos entre la pesca y la ciencia.

En un total de 55 artículos dispuestos en diez títulos, la ley contempla una nueva regulación del Registro General de la Flota Pesquera, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y establece censos por caladero y modalidad, distinguiendo entre nacional, comunitario e internacional, en atención a sus características específicas. 

El titulo IV, que está dedicado a las medidas de protección de los recursos, hace hincapié en la adopción de medidas para minimizar las capturas accidentales de cetáceos, tortugas marinas y aves en los artes de pesca.

El título V se centra en las medidas de gestión de los recursos pesqueros e incluye la asignación de posibilidades de pesca por buques o grupos de buques, la transmisión entre barcos de las posibilidades de pesca asignadas, o los mecanismos de optimización y flexibilización de la gestión de cuotas. Se amplían y clarifican los criterios de reparto y así de esta manera se deberá contar con autorización previa para cualquier tipo de transmisión de las posibilidades de pesca.

Los mecanismos de flexibilidad y optimización para lograr una mayor eficiencia en el reparto de cuotas han sido uno de los aspectos más polémicos, ya que la Administración quería reservarse un 10% de las cuotas para posibles contingencias, como barcos que no las emplean o para evitar multas por sobrepesca. Finalmente será solo un 5%, salvo en casos excepcionales que podría ser del 10%.
También se establece que, si un barco no usa sus posibilidades de pesca durante dos campañas consecutivas sin justificación, estás serán expropiadas.

El título VI viene a regular la pesca recreativa. La principal novedad versa sobre la creación de un Registro de Pesca de Recreo en el que figurarán inscritas todas aquellas personas físicas y embarcaciones de recreo que se encuentren autorizadas.
El fomento de la investigación pesquera y oceanográfica con el objetivo de compatibilizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros está regulada en el título VII, que dedica un capítulo entero a la labor del Instituto Español de Oceanografía. 

Una de las principales novedades de la ley está en el capítulo VIII que regula por primera vez el acceso a los recursos genéticos pesqueros, es decir, que el mejoramiento genético de especies, que permite aumentar y mejorar la producción, cumpla con todos los requisitos de protección de los ecosistemas. 

El título IX establece los mecanismos que regirán las relaciones entre la Administración, el sector pesquero y otros actores relevantes en materia de política pesquera. También se incluye la creación del órgano consultivo Foro Asesor de Pesca.
Finalmente, también se anuncia la creación de un nuevo régimen sancionador, aún por desarrollar, junto a varios reales decretos que atenderán las necesidades concretas de cada caladero, especie y arte con el establecimiento de reglas comunes generales y horizontales.

COLECTIVOS DEL REM

A instancias del Instituto Social de la Marina, la disposición final segunda modifica la Ley 47/2015, de 21 de octubre, que regula la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero e introduce nuevas disposiciones adicionales que modifican los coeficientes reductores para la edad de jubilación (COE). Esta medida beneficiará a unas 5.300 personas, la mayoría mujeres.

Estos coeficientes en algunos casos, y dependiendo de su vida laboral, pueden llegar a reducir la edad de jubilación en hasta 10 años.
Gracias a la nueva ley, mariscadoras, percebeiros y recogedores de algas verán incrementado el coeficiente del 0,10 al 0,15. Además, los colectivos de rederas, neskatillas, empacadoras y buceadores profesionales son incluidos por primera vez como perceptores de estos coeficientes, a los que también se les aplicará el 0,15.

La cotización por contingencias profesionales se determinará de conformidad con el tipo más alto de los establecidos en la tarifa de primas.
También se elaborará un catálogo de enfermedades profesionales propias de los trabajadores del mar atendiendo de forma específica a las condiciones de penosidad y exposiciones a agentes físicos que sufren las personas que se dedican a la recogida de marisco, tanto a pie como a flote, al cultivo del mejillón en batea, a la recogida de percebes en la roca, así como los buceadores profesionales.
En el caso del colectivo de rederas, neskatillas y empacadoras, el incremento de la cotización por contingencias profesionales se aplicará de forma progresiva, en un periodo transitorio hasta 2025.

La ley llega para atender una reivindicación histórica de varios colectivos inscritos en el REM cuyo porcentaje de afiliación es notablemente mayor en mujeres, como es el caso de las rederas (88%) y mariscadoras (61%) o íntegramente constituido por mujeres como es el caso de las neskatillas y empacadoras en Bizkaia.
Sus trabajos, especialmente duros, con exigencias físicas y horarios ajustados, avalados por un nivel elevado de bajas por accidentes o enfermedades, cumplen los requisitos necesarios para adelantar su jubilación.

NUNCA A GUSTO DE TODOS

ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, OurFish, SEO/BirdLife y WWF en líneas generales dan la bienvenida a la ley por regular los mecanismos de gestión y mejorar la protección de las reservas marinas, aunque matizan que esperaban que esta norma llegase para revertir la mala situación de nuestros mares y limitase la pesca que ellos entienden que es la actividad con más impacto sobre los ecosistemas marinos. Critican también que hay aspectos que entran en conflicto con normativas europeas especialmente aquellos destinados a la protección medioambiental.

Desde la patronal pesquera Cepesca y también desde las cofradías se ha criticado que el MAPA se reserve el 5% de las cuotas de pesca (anteriormente era un 3) para eventualidades. Los armadores argumentan que esta reserva genera una disfunción además de inseguridad jurídica, ya que no les permite organizar y gestionar íntegramente las cuotas que les corresponden. También están en contra de la expropiación de cuotas sin compensación. En el lado contrario de la balanza ven muy positiva la regulación de la pesca recreativa, la creación del Foro Asesor de la Pesca, el control de los recursos genéticos y la inclusión de ciertos colectivos en los COE.

El colectivo de buceadores considera insuficiente este COE asegurando que no soluciona el problema de la altísima incidencia de accidentes graves y mortales, muchos asociados a la edad.
Desde la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca dan la bienvenida a esta ley que sitúa por fin al mismo nivel a los mariscadores a pie de los mariscadores a bordo.  

UNIÓN PARA QUE BAJE EL IVA

El consumo de pescado en nuestro país sigue una alarmante tendencia a la baja. Según estimaciones del sector pesquero, las ventas de productos del mar, en cualquiera de sus presentaciones, se han contraído un 20% en los dos primeros meses del año frente al mismo período del año anterior. Este comportamiento se debe, entre otras razones, a que no está en la lista de alimentos a los que se ha reducido el IVA. La caída se suma al descenso del 20,4% de su compra en los hogares españoles, entre 2008 y 2021. Además, los precios de los productos frescos sufrieron en febrero un incremento histórico del 16,6%, lo que imposibilita la recuperación.

Por este motivo, los representantes de todos los eslabones de la cadena alimenticia se han unido, pidiendo en bloque la reducción o eliminación permanente del tipo impositivo que grava a pescados y mariscos. Lo solicitaron por carta al presidente Pedro Sánchez sin obtener respuesta y ahora se dirigirán a los partidos políticos para que incluyan su petición en los programas electorales, de cara a los próximos comicios. Tampoco descartan poner en marcha una campaña de recogida de firmas bajo el lema “Todos tenemos derecho a comer pescado”. Es lo que denominan “fiscalidad saludable”.