España presentó el pasado 1 de diciembre un plan para instalar una planta de metanol verde en Huelva durante la Cumbre del Clima (CoP28) celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Este proyecto, que será ratificado por el gobierno y la Unión Europea en 2025, creará 2500 empleos directos e indirectos y posicionará a España como líder en la creación de energías renovables.

Las dos grandes compañías accionistas serán Cepsa y C2X, compañía danesa dependiente de la naviera Maersk. El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, define este acuerdo como “otro hito” que supondrá la reducción de emisiones en “sectores de difícil y urgente descarbonización”. Brian Daid, consejero delegado de C2X también lo celebra, pero avisa de que será necesario “un marco regulatorio propicio para poder ofrecer una fuente competitiva de metanol verde a sus clientes”. 

En este sentido, la celebración de la CoP28 ha sido una oportunidad para que España presente un “megaproyecto” de metanol verde que se suministrará a las industrias, incluida la química y el transporte marítimo. La planta, que estará ubicada en el puerto de Huelva, será la mayor de Europa y requerirá una inversión de 1.000 millones de euros.

Con ello, la provincia andaluza se convertirá en una de las cinco mayores plantas de metanol verde del mundo y tendrá una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas de moléculas verdes, con un máximo de 380.000 toneladas.  Gracias a esta inversión será posible reducir hasta un millón de toneladas de emisión de CO2.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que la megaplanta “es un paso significativo” que “sitúa a España como referente mundial” para acabar con los combustibles fósiles y está “alineado con la estrategia española de reindustrialización y transición energética”. Por ello, ha anunciado que el objetivo es que en 2030 el 81% de la generación de energía proceda de fuentes renovables. 

El acuerdo final de Dubái, tras dos semanas de negociaciones, no ha sido ajeno a las críticas de los grupos ecologistas, expertos, analistas climáticos y ONG debido a la “ambigüedad de los acuerdos” y no haber abordado la financiación climática, entre otros.