La Audiencia Nacional ha condenado a siete empresarios a penas que suman 14 años de prisión y una cuantiosa multa por utilizar estructuras societarias para comerciar ilegalmente con atún rojo y también por un delito contra la salud pública.

El grupo Ricardo Fuentes es el principal exportador de atún a nivel mundial, teniendo la central de su empresa en Murcia. La “operación Tarantelo” de la Guardia Civil comenzó en 2017 al detectarse prácticas fraudulentas. En julio de 2024 la magistrada María Tardón enviaba a juicio a ocho personas y 12 empresas por vender atún procedente de la pesca ilegal y por blanqueo de los beneficios obtenidos de su comercialización. 

El fallo considera probado que siete de los acusados, de manera coordinada y a través de múltiples sociedades interpuestas, falsificaron documentación para eludir los controles administrativos y sanitarios y así introducir en el mercado atunes al margen de la legalidad.

También que pusieron a la venta un cargamento de atún en mal estado, incluso habiendo sido advertidos de ello. Sin embargo, el grupo asegura en un comunicado que “ninguno de sus atunes ha generado nunca problemas de salud alimentaria” y que si han aceptado la sentencia es por “evitar alargar un proceso, con juicios paralelos, que dura ya más de siete años”. Afirman que la sentencia “no supone ninguna limitación en su actividad empresarial ya que el grupo como entidad jurídica quedó fuera del proceso”.

Los directivos de Ricardo Fuentes condenados aseguran que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que les permite evitar la entrada en prisión, asumieron delitos de falsedad documental, contra la salud pública e integración en grupo criminal.

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