La carrera por acoger el primer parque de eólica marina flotante en España ha entrado en una fase decisiva tras el cierre, el pasado 24 de febrero, de la consulta pública previa a la orden que regulará las subastas. Lo que durante años fue un debate implícito entre administraciones, industria y territorios ahora se ha verbalizado con claridad: el sector propone que Canarias lidere el estreno, con un proyecto que genere empleo local, retorno territorial y desarrollo industrial, bajo un modelo con fuertes garantías ambientales.

La Asociación Empresarial Eólica, el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y varias compañías del sector han solicitado que el primer concurso se celebre en la zona Gran Canaria–Arinaga, convencidas de que un debut exitoso exige concentrar esfuerzos en un área con condiciones técnicas, energéticas y logísticas óptimas. Este posicionamiento altera el equilibrio con Galicia, que aspiraba a situarse en cabeza.

Un escenario singular

Canarias presenta un marco energético y territorial diferencial. Su sistema eléctrico continúa dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles, lo que eleva los costes y convierte la entrada de renovables en una oportunidad inmediata para abaratar el suministro. A esta necesidad estructural se suma la calidad del recurso eólico profundo, constante y de alta estabilidad, especialmente adecuado para la tecnología flotante. El clima institucional también juega a favor del archipiélago. El Gobierno canario y los cabildos han mostrado una posición común y explícita de apoyo al despliegue de la eólica marina, conscientes de su potencial para diversificar la economía regional y reducir la dependencia exterior. Ese alineamiento contrasta con el debate más fragmentado en Galicia, marcado por la oposición frontal de parte del sector pesquero. 

En este contexto, la patronal plantea iniciar el despliegue con un parque de 200 a 250 megavatios, compuesto por entre doce y quince aerogeneradores. Para el director técnico de la AEE, Juan de Dios López Leiva, la primera subasta debe ser “un éxito total”, capaz de generar confianza y proyectar un mensaje claro al mercado. Una visión compartida por la compañía Ocean Winds, cuyo director en España, Manuel García, señala que un proyecto de este tamaño “enviará un mensaje claro al mercado” y permitirá demostrar la capacidad industrial y financiera del país.

La novedad más relevante es que el sector propone que el arranque nacional se base en un único parque demostrador, que concentre el aprendizaje tecnológico, reduzca la complejidad administrativa en esta fase pionera y optimice economías de escala.

La apuesta sectorial

Las aportaciones realizadas durante la consulta pública reflejan un consenso “absoluto”: la primera instalación debe ubicarse frente a Arinaga, en la demarcación ZAPER CAN‑GC1. El argumento se apoya en varios factores diferenciales: mayor madurez industrial y consenso político-social; batimetría más favorable que en otras zonas del archipiélago, reduciendo riesgos técnicos; infraestructura portuaria e industrial consolidada para ensamblaje, operación y mantenimiento y sinergias energéticas directas con el sistema insular.

En este último punto destaca el papel de la central Chira‑Soria, concebida como un gran sistema hidroeléctrico reversible destinado a estabilizar la red y absorber excedentes renovables. Su complementariedad con la eólica marina convertiría a Gran Canaria en un entorno idóneo para introducir nueva potencia flotante sin comprometer la seguridad eléctrica. Además, el sector defiende que Canarias cuente con una subasta específica, adaptada a las particularidades técnicas y económicas de un sistema insular aislado, que no puede competir en igualdad de condiciones con la red peninsular.

Ecosistema más completo

Mientras tanto, Galicia reclama que el estreno tenga lugar en sus aguas, especialmente en las áreas NOR‑4 y NOR‑5 de los POEM. La Xunta sostiene que dispone de uno de los ecosistemas industriales más completos de Europa en eólica marina, con astilleros consolidados, empresas auxiliares especializadas y puertos competitivos para operaciones de ensamblaje y logística.

El Ejecutivo gallego defiende que iniciar con parques de menor tamaño facilitaría la aceptación territorial y permitiría validar progresivamente la tecnología flotante. Además, pide que se priorice la solvencia técnica, económica y financiera de los promotores, para evitar proyectos especulativos, y que los criterios económicos incluyan compensaciones para la pesca, uno de los sectores más afectados.

Para Galicia, el criterio determinante debe ser la compatibilidad de usos en el mar, por encima de consideraciones puramente económicas.

Un nuevo rumbo

El sector, por su parte, propone incorporar un componente industrial fuerte: al menos un 50% de contenido local, nacional o europeo en la fabricación de componentes, integración de proveedores isleños, formación de empleo cualificado e implantación de centros de mantenimiento en Canarias. La idea es consolidar la cadena de valor en el territorio y asegurar un retorno económico directo.

El documento sectorial también subraya la necesidad de incluir monitorización ambiental continua, compatibilidad con pesca y biodiversidad, y planes de circularidad y desmantelamiento garantizados desde el inicio.

Con posiciones cada vez más definidas, el futuro reparto territorial depende ahora del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Galicia exhibe músculo industrial y experiencia; Canarias aporta condiciones técnicas, energéticas y políticas que el sector considera idóneas para un estreno seguro. La primera subasta marcará un rumbo estratégico que condicionará la expansión de la eólica marina flotante en España durante la próxima década. Y, según la industria, ese primer hito debería levantarse en aguas canarias.  

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