Con el fin de avanzar en la gestión pesquera sostenible y dentro de los objetivos marcados en la Política Pesquera Común (PPC), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha aprobado un nuevo Plan de Gestión para el cerco en el Mediterráneo. El plan establece límites de captura por buques y tallas mínimas sobre todo para dos especies: boquerón y sardina, estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

A falta de un plan plurianual comunitario, como ocurre con la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, o de un plan internacional de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), España está obligada a establecer medidas para gestionar los recursos que nuestra flota de cerco explota en el Mediterráneo. 

Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado la lista de especies que pueden capturarse con esta modalidad en nuestro litoral, limitando los períodos de pesca para algunas de ellas y estableciendo condiciones para el desarrollo de la actividad, como puede ser topes de capturas por buques, vedas espacio temporales, o incremento de algunas tallas mínimas. De igual manera incorpora avances respecto al uso de dispositivos de iluminación para la actividad, más modernos y eficientes, así como para la conservación y protección de hábitats.

Para la elaboración del Plan de Gestión se han seguido criterios científicos referidos a la realidad de cada una de las subáreas geográficas de la CGPM, fundamentalmente para el boquerón y la sardina, las dos especies más capturadas por la flota cerquera.

El Plan, que entró en vigor el pasado 25 de julio, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 pero podrá ser revisado, modificado o prorrogado según evolucionen las poblaciones de peces. Por ello, se contempla la celebración de reuniones periódicas con el sector para analizar el estado de las pesquerías.

Con esta iniciativa, el MAPA demuestra su compromiso con una gestión responsable de los recursos basada en una visión integral de la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, social y económica, reconocidas en la Política Pesquera Común y en nuestra Ley de Pesca sostenible e investigación pesquera.