El ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, compareció ante el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo en Bruselas para explicar las grandes líneas de actuación que su Ministerio desarrollará en los próximos meses dentro del marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.

La  prosperidad social, económica y laboral de Europa pasa por la inclusión y el despliegue de políticas sociales que protejan a los trabajadores y a los más débiles. Durante su intervención ante los eurodiputados, el ministro José Luis Escrivá explicó que las crisis provocadas por el Covid-19 y la guerra de Ucrania han evidenciado la necesidad de contar con mecanismos de respuesta rápida para proteger a los más vulnerables, evitando el deterioro en las rentas familiares y los impactos negativos duraderos que agrandan las desigualdades, limitan las oportunidades y frenan el crecimiento. 

A su juicio, es necesario ir más allá. El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales exige trabajar en las consecuencias sociales que tienen los cambios estructurales que estamos viviendo. Las transiciones digital y verde pueden conducir también a un aumento de las desigualdades, en términos de brecha digital o pobreza energética. “Las políticas sociales también deben prevenir y abordar estas situaciones”, explicó José Luis Escrivá.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se trabaja en una triple dirección. Por una parte, se quieren reforzar los sistemas europeos de protección social, aumentando su resiliencia ante las crisis y cubriendo las brechas de protección que aún existen para determinados colectivos. Por otra, mejorar la coordinación de los sistemas de Seguridad Social en Europa y, finalmente, proteger las inversiones sociales de alto rendimiento. 

Los trabajadores autónomos son para el titular en funciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, uno de los colectivos que necesitan mayor atención, en ellos recaerá el impulso de una mejor protección. “Hay que hacer cambios estructurales que aborden su protección ante las crisis económicas y establecer bases de cotización que les garanticen poder acceder a ella de manera permanente”, sostuvo Escrivá.

En la próxima reunión del Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores (EPSCO) se podrían determinar las líneas que se fijarán en el encuentro de alto nivel en Madrid del mes de noviembre.

La Presidencia Española desea reforzar también los sistemas de protección social y los esquemas de rentas mínimas, ampliando sus coberturas y potenciando la evidencia empírica y la evaluación como elementos que permitan encontrar las medidas más eficaces para que las personas puedan vivir con dignidad y fomentar  su inclusión sociolaboral. 

Así, en la Conferencia de Rentas Mínimas de Aranjuez se adoptará una Declaración cuyo objetivo será ampliar las coberturas de estas rentas; trabajar en la complementariedad de las mismas, con itinerarios de inclusión social, laboral o educativa, y potenciar el uso de instrumentos que demuestren ser eficaces para las políticas sociales. 

COORDINACIÓN

La transición digital, dijo Escrivá, ofrece “claras oportunidades para avanzar en la coordinación de la Seguridad Social y reforzar los sistemas de control y lucha contra el fraude, pero también implica retos”. Las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, demuestran que cada vez se necesita más coordinación. 

En este sentido, la Presidencia Española apoya proyectos de digitalización de la Seguridad Social a nivel europeo y desea simplificar los procesos administrativos para las empresas y los trabajadores. Además, quiere avanzar en justicia económica y social, protegiendo inversiones sociales de alto rendimiento. 

Para Escrivá, la inversión social “no solo da respuesta a las desigualdades económicas, sino que ayuda a conseguir altos niveles de empleo y crecimiento sostenibles”, cubriendo áreas que van desde la educación y la formación hasta el sector de los cuidados.

Escrivá concluyó diciendo que el progreso social y el desarrollo económico deben avanzar conjuntamente para reducir las desigualdades, proporcionar oportunidades laborales y sociales a las personas y proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.

ENTREVISTA

MILAGROS PANIAGUA 
Secretaria general de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social

“LA INVERSIÓN SOCIAL BUSCA UN FUTURO PRÓSPERO Y EQUITATIVO"

En la reunión informal del EPSCO, del pasado 14 de julio, el ministro José Luis Escrivá se comprometió a crear un grupo de trabajo informal con los Estados miembro para profundizar en el estudio de la inversión social. Ese grupo, coordinado por la Secretaría General de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social, se ha reunido ya en dos ocasiones. Su responsable, Milagros Paniagua, nos detalla su funcionamiento.

¿Qué se entiende por inversión social?

La inversión social va más allá del gasto social. Es una estrategia a medio y largo plazo que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Mientras que el gasto social implica desembolsar recursos en políticas públicas como desempleo, enfermedad, vejez y pobreza, entre otros, la inversión social implica un retorno a la sociedad en forma de mejoras económicas y sociales. 

Esto se logra con políticas de acceso a educación de calidad, atención médica, vivienda digna y otros servicios esenciales que empoderan a las personas, preparándolas para contribuir al desarrollo económico y social. En esencia, la inversión social es una apuesta por un futuro más próspero y equitativo.

España y Bélgica lideran el Grupo de Trabajo que busca proteger a los más débiles a través de inversiones sociales. ¿Qué pretende este Grupo?

En un mundo, globalizado y digital, con una población cada vez más envejecida y afrontando las consecuencias del Covid-19 y de la guerra en Ucrania, la Europa social se enfrenta a retos muy relevantes como la lucha contra la desigualdad económica, la precariedad laboral y la adaptación a las nuevas tecnologías. 

Frente a los recortes lineales en el gasto público que se impusieron en Europa durante la última crisis financiera, y siempre bajo las nuevas normas de la gobernanza fiscal que se están negociando, España (que ocupa en estos momentos la presidencia europea) y Bélgica, que lo hará en el primer semestre de 2024, han impulsado la creación de un Grupo de Trabajo para proteger ciertos gastos sociales con retornos positivos para el conjunto de la economía. 

En el Grupo participan representantes de 22 países de la UE, de la Comisión, del Parlamento Europeo y de los agentes sociales europeos. Pretendemos crear consenso para potenciar la inversión social y el desarrollo del capital humano, asegurando la adecuada financiación de las inversiones sociales con retornos sustanciales. Esta perspectiva es fundamental para proteger la inversión social en cualquier momento o circunstancia; sobre todo, en contextos de crisis, para que se tengan en cuenta en el nuevo marco de gobernanza económica.

¿Cuál es el programa de actuación del Grupo?

El Grupo de Trabajo Informal sobre Inversión Social se reunió por primera vez el pasado 5 de septiembre y lo va a hacer tres veces más, antes de la reunión formal del EPSCO prevista para el próximo 28 de noviembre. Hemos celebrado ya dos encuentros. Tendremos la oportunidad de coincidir en el evento de Alto Nivel que organizará el Ministerio sobre inclusión en Aranjuez, el 16 de octubre, y nos volveremos a reunir el 6 de noviembre. 
En estos encuentros, donde participan los ministros de España, Bélgica y Alemania, además de representantes de la Comisión y prestigiosas instituciones e investigadores internacionales, se debate el futuro de los sistemas de protección social y rentas mínimas, a nivel europeo. Se trata de una magnífica ocasión para escuchar la posición de los Estados y poderlas recoger en una Declaración que se llevará a la reunión formal del EPSCO que, como he señalado, se celebrará el próximo mes de noviembre