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El 30º aniversario de la firma del Pacto de Toledo sirvió para reflexionar en el Congreso de los Diputados sobre el futuro de las pensiones y la sociedad que queremos construir. “Cuando el ruido mediático y el insulto permanente parecen ser la norma, merece la pena recordar los esfuerzos realizados para alcanzar acuerdos que, fruto del diálogo y el consenso, benefician a todos”, dijeron los diputados.
En el año 1995, los partidos políticos firmaron el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de la Seguridad Social, más conocido como Pacto de Toledo, con el que se pretendía reformar las pensiones públicas, garantizando la sostenibilidad y viabilidad del sistema. Las partes firmantes tuvieron entonces la altura de miras y el sentido de Estado suficientes para alcanzar un consenso, “que despierta admiración más allá de nuestras fronteras”, en beneficio de todos los ciudadanos, al asegurar pensiones justas y sostenibles a largo plazo.
Se trataba de encontrar el camino para garantizar la suficiencia y la calidad de las prestaciones; promover la equidad intergeneracional en el reparto de cargas y beneficios del sistema, asegurando la sostenibilidad financiera, y fomentar la transparencia y la participación social en la toma de decisiones, estableciendo mecanismos de actualización y revalorización de las pensiones acordes con la evolución del coste de la vida.
En sus 30 años de existencia, el Pacto ha sido “clave” para establecer medidas y reformas que han permitido adaptar el sistema a los cambios demográficos y económicos, garantizando pensiones dignas para todos y teniendo siempre la mente puesta en “el respeto a los de ayer y en la responsabilidad hacia los actuales pensionistas y a los que lo serán en el futuro”.
Han sido tres décadas de negociaciones continuas en las que no han faltado dificultades, como las derivadas de la reforma de 2013, a través de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad.
DIFICULTADES
En aquel momento, el trabajo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo fue, a juicio de su actual presidenta, Mercè Perea, “denostado por algunos grupos parlamentarios y también por parte de la sociedad civil” pero, a raíz de las Recomendaciones de 2020, centradas en garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones mediante el consenso y enfocándose en la solidaridad intergeneracional, la actualización de las pensiones, la separación de fuentes de financiación y la adaptación a los nuevos retos demográficos y tecnológicos, priorizando a los jóvenes y la digitalización para asegurar la viabilidad futura del sistema, ha vuelto a valorarse.
Cuatro han sido los principios que han guiado a la Comisión en las diferentes legislaturas, “lealtad, generosidad, responsabilidad e inteligencia, muchas veces emocional, para llegar a acuerdos desde el consenso”, dijo Mercè Perea.
CONFIANZA
Con motivo del 30º aniversario, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo organizó en el Congreso de los Diputados la jornada “El Pacto de Toledo y la solidaridad intergeneracional como garantía del futuro del sistema de protección social”. La vicepresidenta segunda del Congreso, Isaura Leal, aseguró que el Pacto “sentó las bases de nuestro sistema de protección social”.
Además, definió a la Seguridad Social como “mecanismo de solidaridad intergeneracional vivo, en constante transformación”. Tanto ella como Mercé Perea insistieron en que el Pacto fue un “éxito técnico y político de todos”, que debe ser “referente en el que reflejarse” porque “se puede y se debe llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría”.
La jornada sentó en una mesa de debate, moderada por la periodista May Mariño, a ex ministros y ex diputados, sindicalistas y expertos en Seguridad Social de distintas edades que analizaron los principales retos a los que se enfrenta el sistema y las posibles medidas para hacerles frente.
El Pacto de Toledo garantiza unas pensiones dignas.
Se habló de envejecimiento, de baja natalidad, de la llegada al sistema de los “baby-boomers”, de la articulación de fuentes de financiación. Pero también de educación, de trabajo y salarios de calidad que permitan vivir dignamente, tanto a los jóvenes trabajadores como a los pensionistas mayores, y de inmigración.
Cerraron la jornada las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Infancia y Juventud. Sira Rego, aseguró que hay que desactivar el mito de lucha intergeneracional porque “ni existe, ni ha existido”. A su juicio, la verdadera amenaza para las pensiones no es contable sino política, pues “solo peligran cuando se normaliza la idea de que pueden recortarse”.
Por su parte, Elma Saiz enfatizó que “podemos ser optimistas con el futuro, porque los datos del presente nos dejan serlo. Estamos acariciando los 22 millones de afiliados. Hay más mujeres trabajando que nunca, más afiliados procedentes de otros países y más autónomos”. Además, aseguró que se están aprobando reformas para adaptarse a una población envejecida y “se harán más” siempre que sean necesarias.
