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El transporte marítimo es el motor del comercio mundial. Más del 90% de las mercancías que se consumen a diario viajan por mar. Sin embargo, quienes hacen posible esta actividad -la gente de mar-, continúan enfrentando situaciones de vulnerabilidad extrema. Desde el abandono en puertos extranjeros hasta la detención arbitraria por presuntos delitos, los marineros son víctimas de un sistema que, en demasiadas ocasiones, los deja sin protección.
En 2024, se registraron 310 casos de abandono de marineros, más del doble que el año anterior. En los primeros seis meses de 2025, ya se han contabilizado 202 nuevos casos, según la base de datos conjunta de la OMI y la OIT. Estos datos reflejan una tendencia preocupante que ha llevado a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes.
MARCO DE ACTUACIÓN
En noviembre de 2024, el Grupo de trabajo tripartito mixto OIT/OMI adoptó un conjunto de directrices que marcan un hito en la protección jurídica de la gente de mar detenida por presuntos delitos. Estas directrices, aprobadas formalmente por el Comité Jurídico de la OMI en marzo de 2025, establecen un marco de actuación para garantizar que los marineros reciban un trato justo, digno y conforme a los derechos humanos fundamentales, independientemente del país en el que se encuentren.
El documento, fruto de años de trabajo conjunto entre gobiernos, armadores y representantes de la gente de mar, no es jurídicamente vinculante, pero se presenta como una herramienta de referencia para la formulación de políticas, legislación y mecanismos de diálogo social. Su objetivo principal es evitar la criminalización injusta de los marinos y asegurar que se respeten principios como la presunción de inocencia, el acceso a asistencia jurídica, la protección frente a la detención arbitraria y la garantía de derechos laborales durante cualquier proceso judicial.
UN TRATO MÁS JUSTO
Las directrices contemplan medidas específicas para los Estados rectores de puertos, los Estados de abanderamiento, los países de nacionalidad de los marinos y los propios armadores. Entre ellas, destacan la obligación de informar sin demora a los consulados, facilitar el acceso a servicios médicos, garantizar la comunicación con familiares y representantes legales, y asegurar condiciones dignas de alojamiento, alimentación y atención durante la detención. Además, se establece que los marinos detenidos deben estar separados de los condenados, recibir un trato diferenciado acorde a su situación legal y contar con medios para practicar su religión y mantener su bienestar físico y mental. Se promueve también la repatriación sin coste para el marino, en caso de que no se presenten cargos o se concluya la investigación.
Estas directrices se alinean con instrumentos internacionales como el Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, 2006), la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su adopción representa un paso firme hacia la humanización del sector marítimo, donde la movilidad global y la complejidad jurisdiccional no deben ser excusas para vulnerar los derechos de quienes mantienen el comercio mundial en movimiento. Uno de los casos más destacados fue la reparación de la plataforma West Capricorn, realizada por Astican, que incluyó trabajos estructurales y renovación integral de sistemas en un plazo récord.
En conversación con la revista MAR, Jan Engel de Boer, oficial jurídico superior de la OMI, ha subrayado la importancia de estas nuevas directrices asegurando que “el sector marítimo opera a escala internacional, por lo que es especialmente importante contar con una legislación sólida que proteja a la gente de mar de la explotación y las condiciones de trabajo injustas”. Destaca que el proceso de aprobación ha sido largo y complejo, pero necesario: “Aunque la base es ahora más sólida que nunca, la cooperación, la transparencia y la capacitación continuas serán esenciales para garantizar que estas protecciones funcionen en la práctica, no sólo sobre el papel.”
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
La ITF ha alertado sobre el crecimiento sistemático del abandono de trabajadores del mar. En lo que va de 2025, se han registrado 158 casos, frente a los 119 del mismo periodo en 2024. Más de 1.500 marineros han solicitado ayuda a la ITF, muchos de ellos sin paga, sin comida ni acceso a puertos durante meses. Stephen Cotton, secretario general de la ITF, lo resume así: “Detrás de cada cifra hay un ser humano al que la industria y los gobiernos responsables de regularla han fallado. El hecho de que estemos en camino de superar el terrible récord del año pasado es una señal de que se necesita una reforma urgente.”
Más del 80% de los buques abandonados están registrados bajo banderas de conveniencia (BDC). Este sistema permite a los armadores registrar sus buques en países con normas laborales laxas, impuestos mínimos y escasa supervisión, lo que facilita prácticas abusivas.
La ITF ha añadido recientemente a Tuvalu y Guinea Bissau a su lista de países con BDC, elevando el total a 45 Estados. Estas banderas están vinculadas a “flotas sombra” que transportan petróleo sancionado y evaden el escrutinio regulatorio. Steve Trowsdale, jefe de inspección de la ITF, advierte de que “nos enfrentamos a propietarios que incumplen sus obligaciones, mientras registros deficientes observan sin hacer nada”.
En muchos casos, es imposible identificar al propietario, y los Estados del pabellón no quieren o no pueden actuar. La impunidad está creciendo. La protección de los derechos humanos en el sector marítimo ha dado un paso importante en 2025, pero la realidad sigue siendo dura para miles de marineros. Las cifras de abandono, las condiciones laborales precarias y la impunidad de ciertos actores exigen una respuesta firme y coordinada.
Las nuevas directrices de la OMI, junto con las campañas de la ITF y el trabajo conjunto con la OIT, marcan el camino hacia una industria más justa, segura y humana. Pero como recuerda la propia gente de mar: “No queremos ser héroes invisibles. Queremos ser tratados con dignidad.”
ENTREVISTA Sr. Jan Engel de Boer
Oficial Jurídico Superior de la OMI
¿Por qué ha sido necesaria esta regulación?
El transporte marítimo es una industria global, y sus trabajadores, que son reconocidos como una categoría especial, deben estar protegidos por normas claras y justas. Las nue-vas Ddirectrices conjuntas OMI/OIT sobre el trato justo de la gente de mar detenida por presuntos delitos buscan garantizar que, independientemente del país en el que se en-cuentren,la gente de mar reciban un trato digno. Esto incluye protección frente a la detención arbitraria, que además no debe prolongarse más de lo necesario, el acceso a atención médica, salario y repatriación.
¿Cómo se adaptan a las plataformas de nueva generación?
La OMI y la OIT llevan décadas trabajando en la protección de la gente de mar. Desde el Convenio STCW de 1978 hasta el MLC de 2006, y muchos otros, se han establecido normas y directrices internacionales. Las nuevas directrices complementan este marco, y fueron elaboradas por un grupo mixto OIT/OMI con participación de gobiernos, armadores y sindicatos.
¿Se ha detectado un aumento de los casos de maltrato?
Sí, lamentablemente. En 2024 incrementaron más del doble los casos de abandono respecto al año anterior, y en 2025 ya se han registrado más de 200 en seis meses. Esto es alarmante. Por eso la OMI ha hemos instado a los Estados Miembros a mejorar sus sistemas de notificación y aplicar las Directrices conjuntas OIT/OMI de 2022 sobre cómo abordar los casos de abandono. También hemos lanzado campañas como “Mi barco libre de acoso”, para promover la tolerancia cero.
¿Qué aspectos clave regulan estas directrices?
Se centran en garantizar el debido proceso, evitar la intimidación y asegurar que los derechos laborales y humanos se respeten durante cualquier procedimiento judicial. También promueven la cooperación entre Estados rectores de puertos, de abanderamiento, ribereños y de nacionalidad del marino, así como con los propietarios de buques y la gente de mar.
¿Eso supone un avance real o queda trabajo por hacer?
Es un avance significativo, pero no suficiente. La implementación nacional será clave. Ya hemos visto señales positivas, como el evento de alto nivel en la sede de la OMI en Londres en junio de 2025, que reunió a todos los actores del sector. Pero los retos persisten: la gente de mar sigue siendo abandonada, detenida injustamente y acosada. La cooperación y la vigilancia constante son esenciales.
