El Parlamento Europeo, el pasado 22 de junio, y el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), el 28 de junio, aprobaron una propuesta de modificación de la Directiva ETS, presentada por la Comisión Europea (CE) en julio de 2021 e integrada en el paquete “Fit for 55”, que, entre otras cuestiones, incluye al transporte marítimo en el mercado europeo de derechos de emisiones de carbono (ETS).

Las siglas EU ETS (European Union Emissions Trading System) hacen referencia al régimen de comercio de emisiones de gases invernadero, creado por la UE en el 2005 para luchar contra el cambio climático. Hasta ahora este sistema ha limitado las emisiones de alrededor de 10.000 instalaciones del sector eléctrico y la industria y ha conseguido reducir, según datos de la UE, un 35% las emisiones en estas instalaciones entre el 2005 y el 2019. 

Para el sector naviero español el acuerdo introduce novedades que valora muy positivamente. Por ejemplo, mantiene el ámbito de aplicación a buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto y a las emisiones de CO2, aunque introduce cláusulas de revisión -a finales de 2026-, para evaluar la ampliación a buques de 400 toneladas, así como la inclusión de gases como el metano y los óxidos nitrosos. Se incluye a los buques que realicen actividades de apoyo para instalaciones offshore. Se elimina el periodo transitorio previsto por la CE, proponiendo que las empresas deban entregar antes de 2024 derechos por el 100% de las emisiones en puerto y viajes intracomunitarios y el 50% de las correspondientes a viajes extracomunitarios (hasta 2027, que afectará al 100%, excepto cuando el país de origen/destino haya adoptado medidas similares).

NOVEDADES POSITIVAS

Se ha propuesto trasladar el coste de la medida al operador comercial del buque, bajo el principio de “quien contamina, paga”. Asimismo, se crea el “Oceand Fund”, por el que el 75% de los ingresos del ETS y el 100% de las sanciones deberán asignarse a este fondo, que se reinvertirá en proyectos de I+D relacionados con la descarbonización del sector.

Contempla un tratamiento especial para los territorios insulares y las regiones ultraperiféricas (Baleares y Canarias) hasta 2030. Y, para evitar fugas de carbono (es decir, la deslocalización de la actividad hacia terceros países con el fin de evitar el pago por las emisiones), se establece un régimen especial en los puertos de transbordo de contenedores y se especifica que la toma de combustible en un tercer país, por ejemplo, Gibraltar, no interrumpe el viaje a efectos de contabilizar las emisiones. Sotiris Raptis, secretario general de la Asociación Europea de Armadores (ESCS), que había criticado “la falta de coherencia” de esta resolución, considera que la votación es una señal “de que los responsables políticos europeos nos escuchan”. Sofie Defour, responsable del clima de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (Transport & Environment) ha acogido también con satisfacción esta histórica ampliación: “La ampliación garantiza que más actores europeos paguen”. Aún no está todo decidido. En otoño, Parlamento Europeo, Consejo de Medio Ambiente y Comisión Europea deberán alcanzar un acuerdo.