Auspiciado por el Reglamento de Aguas Profundas, aprobado por la Unión Europea en 2016, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca Virjinijus Sinkevicius ha promovido incansablemente la ley de aplicación para la Protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables por la que se prohíben todas las actividades relacionadas con la pesca de fondo (arrastre, palangre y anzuelo) en 87 zonas del Atlántico nordeste con el objetivo de proteger los hábitats marinos sensibles.

Un millar de barcos europeos, la mitad de ellos españoles, de arrastre, palangre y volantas, que habitualmente faenan entre el Golfo de Cádiz y Gran Sol se verán gravemente afectados. 10.000 pescadores tendrán prohibida la entrada a 16.419 km2 donde la Comisión Europea considera que la sobrepesca está afectando, o puede afectar, a los ecosistemas marinos vulnerables.

Las prohibiciones a estas artes no son nuevas. En 2016, Europa se vetó la pesca de arrastre por encima de los 800 metros, permitiendo solo la pesca entre los 400 y los 800 metros, a la espera de dictaminar además qué zonas podrían ser sensibles. Esto es lo que se ha decidido ahora, propiciando la clausura que entrará en vigor el 9 de octubre.

España ha puesto gran parte de su esfuerzo negociador en conseguir una aplicación flexible y paulatina de estas medidas, así como una excepción para el palangre de fondo en las 87 zonas así como una exclusión del Golfo de Cádiz. 

Los cuatro países afectados, España, Francia, Irlanda y Portugal, han solicitado una demora a la espera de que en noviembre un informe científico más actualizado y amplio, que proponga para el cierre aquellas áreas realmente vulnerables y que distinga entre las distintas artes.

Han puesto de manifiesto que tampoco han evaluado el impacto que sobre la seguridad alimentaria tendría la medida, ya que habría que importar productos de pesca de terceros países con legislaciones y prácticas poco sostenibles.

SOLO 14 DÍAS

A raíz de toda esta problemática en marzo de 2022 surgió la EBFA, siglas en inglés de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, para proteger los intereses de las más de 7.000 embarcaciones de arrastre europeas. Su presidente Iván López van deer Veen lamentaba que la Comisión solo haya dejado en consulta pública 14 días la propuesta de aplicación del reglamento cuando ellos mismos han necesitado seis años para redactarla: “la Comisión defiende un sistema de cogestión que lamentablemente no se aplica en la práctica”.

Parte de la argumentación del sector critica que el informe del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) en el que se basa la prohibición, se hizo con un modelo en el que se estudiaba el impacto del arrastre de fondo de embarcaciones superiores a los 12 m de eslora, pero el dictamen se aplicará sin tener en cuenta las embarcaciones con mecanismos que minimizan el impacto sobre el fondo (puertas o varas), y también para el cerco de fondo, las dragas, el palangre y la volanta de fondo.

Dichas zonas fueron determinadas en función de las evaluaciones llevadas a cabo con muestreos solo con flota de arrastre, recogidos entre 2009 y el 2011. En poco más de un mes se conocerá un informe científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) más actualizado, de ahí que desde los cuatro países afectados no se entiendan las prisas por aplicar el reglamento, lo que a su entender ha llevado a cometer graves errores.

En la reunión celebrada el pasado 26 de julio ya quedó patente que la propuesta de la Comisión adolecía de rigor científico y hacía una inadecuada aplicación de la recomendación científica del ICES, sin embargo, el 19 de septiembre se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento que ordena el cierre a la pesca de fondo de las 87 zonas.

Con lo cual, si el recurso anunciado por el Gobierno de España y otras organizaciones no prospera, los pescadores tendrán vetado el acceso a esas zonas lo que les obligará a reorganizarse (y no todos podrán sobrevivir). Tendrán que desplazarse más lejos para poder pescar, invertir más tiempo y gasoil, con sobrecostes económicos y medioambientales, en un momento en el que, en plena guerra de Ucrania, el sostenimiento de un sector alimentario independiente se hace imprescindible para Europa.

REUNIÓN DE MINISTROS EUROPEOS

El pasado 26 de septiembre, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, instaba a la Comisión a suspender y revisar la aplicación del reglamento de ejecución ante la constatación de que la normativa contiene errores de forma y de fondo que perjudican seriamente los intereses de la flota española.

El Gobierno considera que puede haber base jurídica para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Uno de los argumentos con mayor peso presentado en Bruselas hacía alusión a la difícil coyuntura que vive Europa con la invasión de Ucrania que hace más necesario que nunca mantener en el mejor estado posible el sector alimentario, siendo en estos momentos la aplicación de esta medida muy contraproducente porque afectaría seriamente los intereses del sector pesquero comunitario.

Planas también criticó ante sus colegas europeos que el estudio en el que se basa la orden de prohibición apenas analiza las consecuencias económicas y sociales para el sector pesquero, incumpliendo uno de los pilares de la Política Pesquera Común.

Existen antecedentes de que otras medidas menos drásticas son posibles y viables, como ocurrió con el plan de gestión de la sardina, con el que finalmente España y Portugal consiguieron evitar el cierre de esta pesquería, y la recuperación en cinco años de la especie. 

La patronal pesquera española, Cepesca, también anunciaba la presentación de un recurso de anulación ante el Tribunal de Estrasburgo alegando una “tramitación irregular” del auto de ejecución que incumple los plazos previstos antes de su entrada en vigor. Anuncian también que buscarán el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos y que, como en otras ocasiones, no descartan la convocatoria de paros y concentraciones a nivel europeo.

Desde las cofradías lamentaban que “el peor escenario posible finalmente se ha materializado”. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional y patrón mayor de Burela, decía no entender “cómo puede haber una prohibición sin que existan estudios científicos que la avalen”. Desde estas asociaciones pesqueras en diversas ocasiones se ha solicitado la dimisión del comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien en múltiples ocasiones ha mostrado su apoyo público a las tesis de las asociaciones ambientalistas, partidarias de la prohibición total de la pesca de arrastre.

Más duras son las acusaciones de Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros, Aetinape, que consideran que todos los movimientos realizados desde las distintas administraciones para frenar el ataque al arrastre de fondo han fracasado sin que nadie asuma responsabilidades.

El comisario Sinkevicius se ha mostrado abierto a hacer una reevaluación de la medida de cierre de las 87 áreas tras el primer dictamen científico, una vez implantada la medida, pero teniendo en cuenta que dichos informes tienen una periodicidad anual, la entrada en vigor de la aplicación del reglamento no tiene vuelta atrás.