El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, indicaba durante la presentación del proyecto de ley la necesidad imperiosa de actualizar la Ley de Pesca Marítima del Estado, vigente desde hace 20 años, a la legislación comunitaria en materia de gobernanza internacional de los océanos y cumplir con el Pacto Verde Europeo que exige garantías y equilibrio entre la actividad pesquera y la conservación del medio marino.

La nueva ley introduce aspectos como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, “siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible”, afirmaba el ministro.

Asimismo, por primera vez se reconocen los coeficientes reductores (0,15) para el colectivo de rederas, neskatillas, empacadoras y buceadores y se aumenta del 0,10 a 0,15 el coeficiente para mariscadores a pie. Esta medida puede beneficiar a unas 5.300 personas y rebajar hasta en cuatro años la edad de jubilación.

CUOTAS FLEXIBLES

La norma considera una flexibilización de las cuotas de pesca para lo que se ha redefinido el Registro General de la Flota Pesquera, donde todo buque que desee faenar debe estar inscrito, de tal manera que los requisitos para desarrollar una actividad son más completos y sencillos.

Los criterios de reparto de cuotas se han racionalizado y ordenado para garantizar la máxima seguridad jurídica a armadores y propietarios. Con la nueva ley, se primará aquellos barcos y artes que causen menor impacto sobre el medio o que contribuyan directamente a la economía social.

También se regulan de forma más clara los mecanismos de intercambio de cuotas para favorecer la planificación empresarial tanto para los días de esfuerzo pesquero asignados a España como los cupos por especie. Ahora la Administración podrá redistribuir cuotas no empleadas. Esta medida busca acabar con los llamados “armadores de sofá”, es decir aquellos que teniendo derechos de pesca los usan como una transacción mercantil y no para pescar.

Se regula la pesca recreativa en aguas exteriores, que se ha incrementado notablemente en los últimos años, de tal manera que se conocerá con mayor exactitud las capturas para así tomar las medidas oportunas para proteger tanto el ecosistema como la economía.

La aplicación de la nueva ley fortalecerá el nexo entre la política pesquera y la ciencia. Los dictámenes científicos serán la premisa de la toma de decisiones de cualquier política pesquera.

La flota española está formada por 8.839 buques que en 2020 capturaron cerca de 790.000T de pescado, de las que el 58 % fue en aguas internacionales, el 34 % en caladero nacional y el 7,6 % en aguas comunitarias. Esta cifra nos sitúa a la cabeza de la UE y entre las 20 primeras flotas del mundo.

El 95,3 % de las embarcaciones faena en el caladero nacional, en el que el segmento de las artes menores concentra el mayor número de barcos (6.895). Esta flota tiene carácter artesanal, faena cerca de los puertos base y aporta al mercado productos frescos que se subastan en lonja para consumo en los hogares y hostelería

Javier Garat, secretario general de Cepesca, reconocía que la ley ha sufrido importantes modificaciones, pero “vuelve a ignorar las apreciaciones trasladadas a la Administración por los agentes del sector pesquero y genera la misma inseguridad jurídica de la que ya alarmamos” y solo ha incorporado cinco de las 46 propuestas y comentarios del sector pesquero y solicitan que al menos quede “por escrito” que estos nuevos criterios de reparto no serán retroactivos.