El Consejo AGRIFISH celebrado a finales de junio abrió un semestre clave para la política pesquera europea. Aunque la negociación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas para 2027 no culminará hasta diciembre, los primeros debates han perfilado ya la agenda comunitaria: la evolución de la Política Pesquera Común, la gestión del Mediterráneo, la financiación, la modernización de la flota y el relevo generacional.

Las posibilidades de pesca para 2027 se decidirán en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) de diciembre, pero el proceso político ha comenzado ya. El AGRIFISH de finales de junio fue el primer gran hito de un calendario que marcará el futuro inmediato del sector pesquero europeo.

Sin fijar todavía cifras de capturas, los ministros intercambiaron posiciones sobre los criterios que orientarán las propuestas de la Comisión Europea. Las decisiones deberán apoyarse en los dictámenes científicos y conciliar la conservación de los recursos con la viabilidad económica de las empresas, la estabilidad de las comunidades costeras y el abastecimiento del mercado europeo.

El encuentro confirmó que la política pesquera comunitaria entra en una etapa de revisión. La sostenibilidad ambiental sigue siendo el eje de la gestión, pero el debate incorpora con creciente intensidad la rentabilidad, el envejecimiento de la flota, la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, la transición energética, la autonomía alimentaria y la competencia de productos procedentes de terceros países.

Las cuestiones planteadas en dicho Consejo de Ministros han continuado en los encuentros entre las instituciones europeas, los Estados miembros y las organizaciones del sector. El Consejo informal celebrado el 29 de julio en Cork (Irlanda) se centró en el relevo generacional y la modernización. España defendió allí una Política Pesquera Común (PPC) con una regulación más sencilla, mejores condiciones laborales y respaldo financiero suficiente para renovar la flota.

Este planteamiento coincide con los asuntos tratados por el sector con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y con la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo. 

Por otra parte, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han mantenido reuniones con las organizaciones pesqueras para preparar la posición española ante las próximas negociaciones.

UNA NUEVA PPC

Más de una década después de la reforma de 2013, las instituciones europeas analizan cómo adaptar la PPC a una realidad distinta. La gestión sostenible de los recursos, el respaldo científico y la protección del medio marino seguirán siendo pilares esenciales, pero los Estados y el sector reclaman respuestas más eficaces a los problemas económicos y sociales que condicionan la actividad.

Entre las principales demandas figura la simplificación administrativa. Las organizaciones pesqueras piden menos carga burocrática y una aplicación más flexible de determinadas normas, especialmente en las flotas sometidas a sistemas de gestión complejos.

España ha propuesto también revisar el concepto de capacidad pesquera, calculado a partir del arqueo bruto y la potencia motriz de los buques. El Ministerio que dirige Luis Planas considera que este sistema responde a un modelo parcialmente superado por instrumentos como los TAC, las cuotas, los límites de esfuerzo o las vedas. La revisión permitiría determinar si el marco actual dificulta la mejora de la habitabilidad y la seguridad o la incorporación de tecnologías más eficientes, sin aumentar la presión sobre los recursos.

Otra propuesta es avanzar hacia decisiones plurianuales sobre las posibilidades de pesca. Frente a la incertidumbre de las negociaciones anuales, los acuerdos para varios ejercicios aportarían estabilidad, facilitarían la planificación empresarial y favorecerían la incorporación de nuevos profesionales.

RELEVO Y FLOTAS MODERNAS

El empleo en la pesca europea ha disminuido un 15% y la proporción de trabajadores menores de 40 años ha pasado del 31% al 26%, según los datos del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca trasladados en Cork. Las cifras reflejan las dificultades para atraer y retener profesionales.

Mejorar las condiciones laborales, reforzar la formación, modernizar las titulaciones marítimo pesqueras y facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres aparecen como medidas indispensables. 

La modernización de los buques es otra pieza decisiva. La edad media de la flota europea se sitúa entre los 35 y los 40 años, una antigüedad que condiciona la seguridad, la eficiencia energética y la introducción de mejoras laborales y tecnológicas. Sin profesionales que mantengan la actividad, también se debilitan la seguridad alimentaria, la autonomía estratégica europea y la continuidad económica y social de numerosas comunidades costeras.

La siguiente etapa de la PPC deberá combinar conservación y rentabilidad. Sin actividad viable será difícil financiar la transición energética, modernizar la flota o mejorar las condiciones a bordo; sin sostenibilidad biológica, tampoco existirá una base duradera para el futuro económico de la pesca.

MEDITERRÁNEO

La situación de las pesquerías mediterráneas concentrará buena parte de la atención durante los próximos meses. La aplicación de los planes plurianuales sigue siendo especialmente sensible por el efecto acumulado de las reducciones del esfuerzo pesquero sobre determinadas modalidades y territorios.

España defiende que la recuperación de los recursos continúe guiando las decisiones, pero reclama que las medidas incorporen la realidad económica y social de las flotas. La diversidad de especies, artes y modelos empresariales convierte al Mediterráneo en un escenario complejo. España y otros Estados miembros piden que la gestión tenga en cuenta la evolución de cada pesquería, el impacto de las medidas ya aplicadas y los avances en selectividad.

El conocimiento científico deberá acompañarse de mayor previsibilidad. Las restricciones anuales dificultan la planificación, frenan las inversiones y reducen el atractivo del sector. De ahí la propuesta de adoptar, cuando sea posible, decisiones plurianuales que aporten estabilidad.

La evolución de la PPC dependerá también de los recursos disponibles para la transición energética, la digitalización, la mejora de la seguridad, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático. El futuro FEMPA deberá responder a las necesidades ambientales, económicas y sociales del sector y facilitar una transformación que mantenga la actividad en condiciones competitivas.

La incorporación de motores más eficientes, equipos de trabajo seguros, tecnologías de seguimiento y artes más selectivas puede reducir el impacto ambiental sin incrementar la presión pesquera. Para ello será necesario un marco financiero y regulatorio que permita introducir mejoras sin penalizar el espacio o el tonelaje requerido para mejorar las condiciones a bordo. España reclama un instrumento suficientemente dotado para impulsar una nueva generación de buques más seguros, eficientes y selectivos.

MÁS ALLÁ DE TAC Y CUOTAS

En otoño, la Comisión Europea deberá presentar sus propuestas sobre las posibilidades de pesca para 2027, apoyadas en los dictámenes científicos y en la evolución de las poblaciones sometidas a gestión comunitaria. Cada Estado defenderá los intereses de sus flotas dentro de un marco orientado a garantizar la continuidad de las capturas a largo plazo y evitar impactos económicos desproporcionados.

El momento culminante llegará en diciembre, cuando el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca adopte los TAC y las cuotas para la flota española. Los acuerdos serán el resultado de meses de evaluaciones científicas, contactos técnicos, reuniones políticas y diálogo con el sector.

El debate rebasa, sin embargo, el reparto anual de capturas. Afecta a la estructura de la política pesquera europea: la simplificación normativa, la estabilidad empresarial, la modernización de la flota, la financiación de la transición energética y la incorporación de nuevos profesionales. 

MISMAS REGLAS PARA TODOS

• La competitividad exterior constituye otro asunto de fondo. La flota europea trabaja bajo elevadas exigencias ambientales, sociales y sanitarias, mientras parte de los productos importados procede de países con regulaciones diferentes o controles menos estrictos.
• Las empresas comunitarias asumen los costes de la transición ecológica, la seguridad laboral, la trazabilidad y la gestión sostenible, y compiten con producciones sujetas a requisitos distintos. El sector reclama una política comercial más coherente y garantías ambientales, laborales y sanitarias comparables para los productos importados.
• La igualdad de condiciones afecta también a la seguridad alimentaria y a la autonomía estratégica de una Unión Europea muy dependiente de las importaciones pesqueras. Preservar la capacidad productiva propia resulta esencial para mantener el empleo, invertir en innovación, mejorar las condiciones laborales y garantizar el suministro de alimentos de origen marino.
• Las decisiones del otoño determinarán las posibilidades de pesca para 2027 y mostrarán hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a adaptar su política a una realidad distinta de la que dio origen a la reforma de 2013.
• El reto consiste en crear las condiciones para que la actividad pueda mantenerse, atraer profesionales, modernizar sus buques y conservar su aportación a la seguridad alimentaria, a la economía de las comunidades costeras y a la cohesión territorial de las regiones marítimas. De la capacidad para conciliar sostenibilidad ambiental, rentabilidad económica y futuro social dependerán la campaña de 2027 y buena parte del rumbo de la PPC durante los próximos años.

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