La próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza el 1 de julio, tendrá como uno de sus objetivos en materia medioambiental y pesquera, el establecimiento de un régimen de control y sanción que contribuya a garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado procedente de flotas que vulneran los derechos humanos o no respetan el medio. 

En los próximos dos años la flota atunera española agrupada en Opagac (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores) invertirá siete millones de euros para certificar todas sus capturas con el sello MSC, cerrando así el círculo de la sostenibilidad integral y convirtiéndose en la primera flota del mundo que asegura el origen sostenible de todas sus capturas desde el mar, durante su transformación y comercialización, hasta la mesa del consumidor. Esta medida enriquecerá la cadena de valor del atún tropical, listado, rabil y patudo, capturado en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, por esta organización española.

No se trata solo de la sostenibilidad medioambiental sino de consumir un producto que garantice también las condiciones de trabajo de las tripulaciones, es decir, la sostenibilidad social. Y de ello también pueden presumir los atuneros españoles con otro sello, en este caso certificado por AENOR.
Opagac cifra en un 30% los costes operacionales que dedican a la sostenibilidad social de sus flotas.

DOBLE CERTIFICACIÓN
Es ya una reivindicación unánime de todo el sector pesquero, mirando hacia Bruselas y en concreto hacia el comisario de Medioambiente Virginijus Sinkevicius, para que  la misma exigencia que tienen para el mercado comunitario se traslade a las importaciones y flotas extracomunitarias. Los mismos estándares en materia sociolaboral y medioambiental. 

Erradicar el consumo de pescado ilegal en la UE es ya un grito común en el sector, que ha comenzado a calar en Europa, pero que requiere de la complicidad del consumidor. En ese sentido camina la propuesta de  la Directiva sobre Diligencia Debida, actualmente en tramitación, y que obligará a las empresas europeas, y también a las que comercian en la Unión Europea, a garantizar que su suministro es sostenible social y medioambientalmente, en toda la cadena de valor. 

La OIT estima que 128.000 personas se encuentran en situación de esclavitud moderna a bordo de buques pesqueros, y son numerosos los casos documentados, especialmente de flotas del sudeste asiático. Según los últimos datos disponibles, las importaciones europeas de atún procedente de flotas de esta región, exentas de aranceles y sin certificar, han pasado en los últimos díez años del 5 % a más del 50 %. 

Opagc con su iniciativa promueve que el consumidor conozca a través del etiquetado de los envases de atún la especie, el origen y el sistema de pesca y que sea de obligado cumplimiento para todas las empresas europeas y que operen en nuestro mercado.