La economía internacional, resentida a consecuencia del coronavirus, volvió a sufrir un nuevo revés el pasado 24 de febrero cuando las tropas rusas invadieron Ucrania. Casi un año después, los misiles siguen cayendo en infraestructuras energéticas ucranianas dejando a su población sin luz y a Europa desesperada por los altos precios de la energía y de los combustibles.

Aunque la escalada de precios parece haberse moderado, lo cierto es que en 2022 hemos tenido tasas de inflación que no veíamos desde hacía décadas. La subida del coste de la vida empezó a notarse en 2021 pero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fue el detonante para que los precios de la energía, el transporte y los alimentos se dispararan, obligando a los Gobiernos a adoptar medidas para que los ciudadanos no sufriéramos.

Los pescadores, que durante la pandemia fueron considerados trabajadores esenciales para proveer de proteína saludable a la población, se vieron obligados a parar en marzo, al no ser rentable salir a faenar. El coste del gasóleo representa entre el 23% y el 25% de los gastos de explotación de los barcos y los precios de los carburantes se duplicaron en poco tiempo. El paro afectó a unas 200 cofradías, con 40.000 afiliados, de los que 9.000 eran armadores.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, anunció la activación del artículo 26 del Reglamento de los Fondos Europeos para compensar a los pescadores con  el mecanismo de crisis contemplado en el FEMPA. Se garantizaba así la actividad de la flota comunitaria. 

El Plan de Choque del Gobierno español ha contemplado, entre otras medidas, una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para todos los ciudadanos, lo que ha supuesto un ahorro de 16M€ al conjunto de nuestra flota, concediendo ayudas directas al sector por valor de 68M€.

La balanza comercial de productos pesqueros con los países en guerra también se ha visto afectada. Según el MAPA, las exportaciones de pescado congelado a Ucrania, entre marzo y agosto de 2022, ascendieron a 3.910T (una tercera parte menos que en el mismo periodo de 2021), lo que ha reducido a la mitad los ingresos generados por estas ventas, pese a que el precio se haya incrementado 0,33 €/kg.

Por su parte, las importaciones de pescado congelado ruso (5.490T) han crecido entre marzo y agosto (230T), pero al subir en 1,54€/kg., hemos pagado un 57% más por estas compras respecto a los mismos meses de 2021. 

MÁS SECTORES AFECTADOS

La pesca no ha sido el único sector afectado. La logística y el transporte marítimo también sufrieron los altos precios de la energía y el desajuste producido por las sanciones internacionales a Rusia para que pusiera fin al conflicto. La Armada rusa bloqueó puertos en Ucrania y muchas navieras paralizaron sus transacciones con Moscú. 

Las penalizaciones al gobierno de Putin han afectado especialmente al transporte de alimentos y productos perecederos, ya que los países en guerra lideran las exportaciones mundiales de carbón, maíz, trigo y aceite de girasol. La naviera Maersk calcula que sus cuentas se resentirán este año al menos un 20%.

Nuestra acuicultura se vio especialmente dañada por el incremento del precio de las materias primas con las que se elaboran los piensos. La empresa BioMar, dedicada a la alimentación acuícola, cerró sus oficinas en Rusia. Un tanto de lo mismo hicieron compañías como Santa Priscila e Ice Water Seafood, productoras de gambas o Akkafrost y Royal Greenland, dedicadas al salmón.

El pienso representa más de la mitad de los costes de producción acuícolas y su precio ha subido por las tensiones en el suministro de materias primas. También la electricidad y los combustibles para transportar el pescado.

La escasez de aceite de girasol, que llegó a desaparecer de los lineales de algunos supermercados, obligó a la industria conservera a subir sus productos. España importa de Ucrania hasta el 60% del aceite de girasol que consumimos y más de la mitad de nuestras conservas incorporan este aceite.

Los puertos también se vieron afectados. España, junto a otros países, solicitó el cierre del espacio marítimo a los buques procedentes de Rusia, lo que perjudicó principalmente al Puerto de Valencia.