Carlos Sanlorenzo, abogado especializado en Derecho Marítimo y Asesor Jurídico de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, Anen, analiza los retos legislativos que enfrenta la náutica de recreo en España. Con la aprobación del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (RONM), que entró en vigor el pasado 15 de agosto, el sector se encamina hacia una profunda simplificación normativa y administrativa.

¿Cuáles son actualmente los principales retos legislativos del sector? 
Sin duda, el Reglamento de Ordenación de la Navegación de Recreo en la que estamos inmersos desde hace más de un año. Con este Reglamento se pretende la unificación, simplificación y modernización de toda nuestra actividad en un único texto normativo.

¿Qué avances se han logrado en la armonización de la normativa española con la legislación europea?
Sólo existe armonización europea en materia de requisitos de seguridad en la construcción de embarcaciones y emisiones de motores a través de la Directiva 2013/53. En el resto de las materias (fiscalidad, titulaciones, registro o elementos de seguridad) cada país tiene una regulación distinta y ello genera inseguridad jurídica al navegante. Debemos tender hacia la armonización, especialmente la fiscal dado que nuestro país es el menos competitivo en esta materia.

Uno de los temas recurrentes es la burocracia asociada al alquiler de embarcaciones...
Fundamentalmente el problema burocrático del chárter se centraba en el despacho de la embarcación y el enrole de la tripulación. Confiamos que con la publicación del despacho simplificado publicado el 15 de agosto a través del RONM este tema quede superado.

¿Existen diferencias significativas entre CCAA en cuanto a la regulación de puertos deportivos y amarres?  
Sin duda es otra de las patologías de este sector. En este sentido, existen marinas afectas a la regulación de Puertos del Estado y marinas afectas a las CCAA. Hasta aquí no debería existir problema alguno. La distorsión la encontramos cuando su regulación (tasas, plazos, ampliaciones etc.) es distinta generando una asimetría jurídica y tributaria difícilmente entendible.

En cuanto a la fiscalidad, ¿cree que el actual régimen impositivo favorece o frena el desarrollo de la náutica? 
Éste es el mayor lastre del sector. El Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte (comúnmente conocido como impuesto de matriculación) es un impuesto que grava un 12% la adquisición y tenencia de la embarcación. Es un impuesto anacrónico, obsoleto, irracional e insostenible dado que tributan lo mismo las embarcaciones a vela que las de motor de combustión.

¿Cómo se está abordando desde el punto de vista legal la creciente demanda de actividades náuticas? 
No con la rapidez que el sector precisa, pero con la conciencia de que es una actividad de gran relevancia para la economía azul y que aporta un gran valor añadido. Sin duda, la seguridad humana en la mar es la piedra angular que marca y protagoniza su regulación.   

¿Qué impacto espera que tenga la reforma en trámites como el despacho de embarcaciones o el uso de declaraciones responsables?
Por desgracia, este futuro Reglamento no puede abordar materias fiscales porque el Ministerio de Transporte no tiene competencias en esta materia. Por lo que se refiere a la regulación de la navegación de recreo, sin duda será un punto de inflexión en nuestro sector porque es el mayor reto legislativo al que nos hemos enfrentado.

Mirando al futuro, ¿qué reformas legislativas considera prioritarias? 
Con la publicación del Reglamento de Ordenación de la Navegación de Recreo daremos un gran paso como sector. No obstante, hasta que no se reforme la fiscalidad, seguiremos sin ser competitivos con nuestro destino. Una verdadera lástima y pérdida de oportunidad con nuestras extraordinarias costas, climatología e infraestructuras. 

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